España inclumple el 70% de las exigencias para acceder a los fondos europeos
En la presentación del Paquete de Primavera del Semestre Europeo, el Ejecutivo comunitario recordó que España solo ha cumplido un 30 % de los hitos y objetivos previstos en su Plan de Recuperación.
El Gobierno tiene 14 meses para seguir cumpliendo con las medidas propuestas y acceder a los casi 90.000 millones de euros que restan de los fondos Next Generation.
Retos por cumplir del Plan de Recuperación
El Gobierno presentó su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en abril de 2021, que fue aprobado en julio de ese mismo año. En octubre de 2023 se añadió una adenda para movilizar más fondos pero, a día de hoy, muchos de los compromisos asumidos para poder acceder a los fondos europeos siguen sin cumplirse.
En plan se estructura en torno a cuatro ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género.
Entre las áreas de acción previstas estaban: proyectos de movilidad sostenible y redes inteligentes; rehabilitación energética de viviendas; digitalización de empresas y Administraciones Públicas.
A España le quedan por cumplir compromisos en materias tan diversas como la recualificación profesional de los empleados y la ayuda en la búsqueda de empleo; y las ayudas para apoyar la economía circular.
Desde el Ejecutivo europeo han destacado que "la aplicación del Plan de Recuperación español se enfrenta a retos considerables. En la actualidad, España ha cumplido el 30 % de los hitos y objetivos". Esto implica que quedan un 70 % de medidas que todavía no se han puesto en marcha o no han dado frutos.
España ha recibido 48.000 millones de euros
Hasta el momento, España ha recibido cuatro desembolsos de los Fondos Next Generation, que suponen algo más de 48.000 millones de euros.
A finales del año pasado solicitó el quinto pago. Este debería haberse entregado en el primer semestre de 2024, pero las sucesivas modificaciones del Plan que se han presentado ante Bruselas han ido retrasando la llegada del dinero.
Cuando llegue el quinto pago, este será el mayor desembolso hecho hasta el momento, con un total de 23.900 millones de euros entre subvenciones y préstamos. Pero para poder acceder a él es necesario abordar una reforma fiscal, equiparando al diésel a la gasolina a efectos impositivos (una demanda que Bruselas mantiene desde hace años), que por el momento no ha podido ser aprobada por la falta de apoyos en el Congreso. Si no se consiguen estos hitos, lo que llegará será un pago parcial.
En el cuarto desembolso, Bruselas retuvo 158 millones de euros por inclumplir uno de los hitos en inversión digital, y esta vez puede volver a ocurrir lo mismo.
Recomendaciones de la Comisión
El plazo para acceder a los Fondos Next Generation se va agotando y muchos países todavía no han cumplido aquello a lo que se comprometieron. Ante esta situación, la Comisión Europea les ha instado a reajustar los planes de recuperación, eliminando las reformas o inversiones que consideren que no será posible alcanzar.
Todos los objetivos tienen que estar cumplidos a finales de agosto de 2026, y los países podrán pedir el pago del último plazo en septiembre, para que el plan de recuperación europea quede totalmente cerrado en diciembre de 2026.
Respecto a España, la Comisión ha señalado que existen cuellos de botella relacionados con la absorción de fondos, especialmente por la concentración de inversiones hacia el final del período de implementación. "Estos retos se ven agravados por el gran volumen de fondos canalizados a través de instrumentos financieros", señala.
Bruselas destaca, además, que en todos los Estados miembro se prevé un desfase del 20 % entre los fondos desembolsados y la cuantía que va a llegar a los destinatarios finales.
La Ley de Contratos del Sector Público como principal obstáculo para el reparto de los fondos
Los analistas destacan que el marco normativo actual, especialmente la Ley de Contratos del Sector Público, está provocando un cuello de botella que impide que los fondos estén llegando a los destinatarios.
Señalan que la ley es garantista y muy formalista, anteponiendo la seguridad jurídica a la eficacia, y esto está generando barreras legales y administrativas al reparto de los fondos.
Según los cálculos, un 50 % de los fondos asignados por Europa a España podrían quedar sin asignarse, lo que implicaría que hay que devolverlos.
