El Gobierno rastrea a más de 100 influencers por publicidad encubierta y refuerza la vigilancia en consumo

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado a más de 100 influencers que publicaban contenido publicitario sin etiquetarlo como tal, lo que supone una vulneración de la normativa de protección al consumidor. Así lo ha anunciado este lunes el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados.

Barragán ha explicado que, por el momento, se ha optado por una vía preventiva mediante el envío de notas informativas, con el fin de advertir a los creadores de contenido antes de iniciar procedimientos sancionadores formales. “Antes de sancionar, se intervino directamente desde el Ministerio como medida de disciplina preventiva”, ha subrayado.

Competencias sancionadoras y cifras en aumento

Desde que en 2021 se aprobó la ley que otorga a la Administración General del Estado competencias sancionadoras directas en materia de consumo, se han tramitado más de 500 denuncias, abierto 447 investigaciones e iniciado 50 procedimientos sancionadores.

“Más allá de las cifras, lo relevante es que por fin existe una capacidad real de actuar y garantizar que las infracciones no queden impunes”, ha declarado Barragán. Según ha explicado, el nuevo marco legal ha permitido intervenir en sectores clave donde las prácticas abusivas eran generalizadas y, hasta ahora, toleradas.

Publicidad ilícita, rebajas ficticias y atención al cliente

El secretario general ha insistido en que la acción del Gobierno no persigue una lógica punitiva, sino que responde a la necesidad de restablecer la legalidad y proteger a los colectivos más vulnerables.

En ese sentido, ha señalado que el Ejecutivo ha intensificado la vigilancia frente a prácticas como:

• Publicidad ilícita dirigida a menores
• Rebajas ficticias
• Cobros abusivos
• Falta de canales de atención al cliente accesibles

“En todos estos casos, el objetivo ha sido claro: asegurar que ninguna persona quede desprotegida por su edad, por su renta o por la impotencia de no ser atendido”, ha afirmado Barragán. Y ha concluido: “No basta con vigilar. Hace falta también una autoridad pública que actúe con firmeza cuando se vulneran los derechos de las personas consumidoras”.