El director general de Telemadrid imputado por cinco delitos
El director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, no sale de una cuando ya está metido en otra peor. Lo del ERE parece "pecata minuta" si se tiene en cuenta que ahora ha sido imputado hasta por cinco delitos distintos tras haber sido admitida a trámite una denuncia de Comisiones Obreras contra él.
Sánchez, que lleva al frente de la cadena autonómica desde julio de 2011, tendrá que hacer frente a presuntos delitos contra el derecho de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y delito societario. Todo ello por la presunta utilización de empresas externas al Ente que llevó a cabo para la realización de tareas informativas después de que se hiciera efectivo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En los próximos días el juez de Instrucción número 3 de Pozuelo tomará declaración al director del ente público.
De momento CC.OO. ya ha presentado la fianza para personarse en la causa penal, ya que considera que la querella pone de manifiesto la presunta utilización de empresas contratistas para realizar los cometidos que hasta ahora se venían haciendo por el personal despedido en el ERE, "mediante la ocupación del centro y la sustitución de los puestos de trabajo con personal ajeno de Telemadrid.
A juicio del sindicato "ete hecho reúne las características propias se una cesión ilegal de trabajadores y cuestiona la validez de los despidos efectuados, cuyos puestos son amortizados por causas económicas". Esta subcontratación de servicios se habría hecho supuestamente "incumpliendo por completo la obligación de información a los representantes de los trabajadores legalmente impuesta en el artículo 42.4" que rige esta materia.
Ello, según CC.OO., implica "no solo un ilícito laboral, sino un medio para asegurar la clandestinidad del procedimiento de adjudicación, que se habría producido vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público, menoscabar los controles previos y hacer inviable el ejercicio efectivo del derecho de huelga". El sindicato confía en que la Justicia restablecerá los derechos de los trabajadores.
