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La Generalitat celebra la reparación de la figura de Companys pero pide anular el juicio contra él

En un comunicado, la Presidencia de la Generalitat se congratuló de la aprobación por parte del Ministerio de Justicia de una declaración de reparación y reconocimiento personal de la figura del presidente de la Generalitat Lluis Companys, al que el régimen franquista fusiló en 1940 en el castillo de Montjuïc

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que con este acto "se agota" el reconocimiento a Companys.

En octubre del 2004, el Consejo de Ministros encomendó a la comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo que diera prioridad a las peticiones para anular los juicios sumarios, como el del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys.

Por el contrario, Montilla asegura en el comunicado que la reparación por parte de este ministerio es un "acto de justicia histórico", pero que el Ejecutivo catalán aspira a la anulación del juicio que le causó la muerte.

"Es un paso más en el camino que ha de conducir a la anulación plena del juicio del presidente Companys (...)", ha subrayado Montilla, que ha recordado que el "juicio" que comportó el "vil asesinato" de Companys debe ser "anulado".

"Aquel fusilamiento nunca debía haber tenido lugar", asevera el presidente catalán en la nota, en la que recuerda que Companys era el "digno y legítimo representante del pueblo catalán, elegido democráticamente por los ciudadanos catalanes y, por tanto, símbolo y guía del país".

Inconformismo de CIU

Xuclà ha recordado que en la tramitación de la Ley de Memoria Histórica CiU trabajó para modificar esta norma e introducir dos instrumentos: la declaración de ilegitimidad de los tribunales que dictaron sentencias políticas durante el Franquismo y la anulación explícita de las normas que dieron cobertura a los juicios políticos.

"La Ley de Memoria Histórica dota de instrumentos para que sean los tribunales los que anulen estas sentencias; de la misma forma que CiU se opuso a que esta Ley hiciese al Parlamento actuar de Poder Judicial, nos parece indigno que la vía administrativa supla al Poder Judicial", ha asegurado.

El diputado ha recordado que el Ministerio Fiscal depende orgánicamente del Gobierno y "por tanto, el Ejecutivo debería invitarle a que impulse la anulación de las 42 sentencias políticas, entre ellas la del presidente Lluis Companys".

"Lo que más preocupa a los familiares y asociaciones de los afectados por la dictadura franquista es la anulación de los juicios políticos", ha afirmado, antes de apuntar que "hubo innumerables casos que los tribunales deben revisar por dignidad y justicia" porque "se trata de juicios políticos sin cobertura legal"

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