El PSOE aboga por una ley del aborto que permite abortar sin justificación las primeras 14 semanas

Hoy los grupos tendrán que consensuar un texto común sobre la subcomisión. La portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón, hará de ponente e intentará elaborar un documento de síntesis, que será votado en la Comisión de Igualdad y posteriormente entregado al Gobierno para que lo tenga en cuenta -junto con el informe del Comité de Expertos del Ejecutivo- a la hora de redactar la nueva ley.

El Grupo Socialista ya ha elaborado las propuestas que servirán de base para la futura ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Los socialistas se decantan por una "ley específica", y dejar de considerar el aborto como un delito incurso en el Código Penal. Se derogará el artículo 417 bis del Código Penal, en el que ahora se establecen los tres supuestos de despenalización.

El PSOE considera que la futura ley dará "más garantías médicas y mayor seguridad jurídica a las mujeres que quieren abortar y a los profesionales que las atienden" y asegura que "no influirá en el número de interrupciones voluntarias de embarazos que se practican en España".

Límite de 22 semanas

Junto a este plazo se establecerá en la futura ley un sistema de indicaciones que, en todo caso, tendrán un límite de 22 semanas, aunque en las conclusiones tampoco figura deliberadamente. Éste será el plazo para interrumpir el embarazo en el supuesto de malformación del feto y de grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer.

Esto significa una novedad absoluta respecto a la actual legislación, ya que ahora no se establece límite para abortar si se alegan riesgos psíquicos, el supuesto que se utiliza mayoritariamente. En la propuesta no se hace referencia a la posibilidad de que la mujer aborte en cualquier momento de la gestación si se descubre que el feto no es viable, lo que sí recomendaba el informe de los expertos del Gobierno.

Otra diferencia con respecto a la regulación actual está en la eliminación de la mención a la violación como causa para abortar, ya que este supuesto quedaría subsumido en el plazo de aborto libre. El interés del Grupo Socialista y del Gobierno en que la futura ley tenga más garantías jurídicas y de salud, se refleja en la mención del aborto para casos de menores. Se fija la edad de 16 años para tener "autonomía de decisión". Entre los 12 y los 16 años se "oirá" al menor pero se exigirá el consentimiento de padres o tutores.

El PP aboga por mantener la ley actual

Por su parte, el PP aboga por aplicar la actual ley "en sus justos términos", reforzar "el control a las clínicas" privadas que practican estas interrupciones y dotar de más prestaciones a las mujeres embarazadas para que no se ven "abocadas al aborto".

Mientras, el grupo formado por ERC-IU-ICV solicita una nueva regulación que permita el aborto libre "en torno" a las primeras 20 semanas de gestación y sin límite de tiempo en caso de "grave malformación fetal y grave peligro para la vida de la madre".

El BNG coincide con esta propuesta pero abre la horquilla del aborto libre entre las 16 y las 20 primeras semanas de embarazo. Por último, CiU y PNV tienen establecido que estos asuntos se votan en conciencia, por lo que sus diputados tienen libertad de voto y no presentarán ningún texto de conclusiones.

Facilitar métodos anticonceptivos

La preocupación por el alto número de abortos en adolescentes ha llevado a proponer "facilitar el acceso a métodos anticonceptivos seguros y adecuados a cada situación". También dar formación en educación afectivo-sexual obligatoria en el sistema educativo, "con el fin de prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y otros problemas para la salud, y poner las condiciones para un intercambio afectivo entre los jóvenes basado en la igualdad, la libertad y el respeto a los derechos de la otra persona y para un desarrollo responsable de la sexualidad". informa el diario.

Sobre la objeción de conciencia por los médicos se aconseja: "Clarificar el ejercicio de la objeción de conciencia, que en ningún caso podrá ser invocada por los centros sanitarios y no debe erigirse en un obstáculo para el acceso de las mujeres a la IVE, correspondiendo a las autoridades sanitarias velar en todo momento por la efectividad de dicha prestación". Es decir, si un médico no accede a la intervención, el centro tendrá que proponer a otro.