El letrado Ignacio Martínez ha dicho a Efe que cuando se tuvo conocimiento de las graves lesiones sufridas por la paciente, Sara G., presentó una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de homicidio por imprudencia contra el cirujano.
“Pero ahora, con la muerte de Sara, los hechos adquieren mayor gravedad y no es descartable que finalmente puedan ser declarados como constitutivos de un presunto delito de homicidio”, ha añadido.
Martínez ha indicado que en su denuncia en el juzgado de guardia ha reclamado que se adopten una serie de medidas cautelares, como apartar al cirujano, J.A., del ejercicio de la medicina y retirarle el pasaporte para evitar que pueda intentar sustraerse a la acción de la Justicia, al ser nacional de un país sudamericano.
La acción emprendida por este abogado en nombre de la familia de la fallecida se dirige también contra todas aquellas otras personas que tomaron parte en el acto médico, por lo cual se pide al juez que reclame su identidad y la condición en la que intervinieron.
El letrado ha dicho también que con la introducción de la cánula utilizada en la operación, este doctor, presuntamente, produjo numerosas lesiones en el organismo de Sara, que provocaron una peritonitis y otras patologías que esta no ha podido superar tras permanecer casi un mes ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de Cartagena.
La intervención quirúrgica se llevó a cabo hace ahora un mes en una clínica de Cartagena, y desde allí la paciente fue trasladada al hospital donde falleció el pasado sábado. EFE
A.M.