Garzón ha dado a conocer esta idea en Logroño, donde ha ofrecido una conferencia de prensa tras mantener una reunión con los responsables de la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación (ARJA).
Ha explicado que, en el registro de autoprohibición de entrada a casas de juego, las personas se inscriben de forma voluntaria, aunque solo para el ámbito de una comunidad autónoma, con lo que, «en un momento de debilidad, puede acudir a otra» y por eso pretende que exista una coordinación entre regiones que impida esa situación para que tenga una mayor eficacia.
Esta reunión en Logroño forma parte de las que mantendrá en las comunidades autónomas para analizar el resultado de medidas introducidas por su departamento en la regulación del juego, en especial en lo que se refiere a la prohibición de la publicidad de casas de apuestas.
Garzón, en este asunto, ha subrayado que su departamento ha «antepuesto» la protección de la salud «sobre los ingresos que se obtenían por ese concepto», que ha cifrado en unos 400 millones de euros, «aunque es legítimo que cada entidad defienda sus intereses», en alusión a los recursos a esta norma que han presentado la patronal del juego, la de medios de comunicación y la Liga de Fútbol Profesional.
Se ha referido de forma específica a la restricción «estricta» de publicidad sobre el juego, que ha supuesto «una victoria importante porque se ha cerrado el vehículo por el que mucha gente entraba en el juego, algo que puede derivar en trastornos».
No obstante, «este problema no se ha agotado» y «queremos hacer un seguimiento a la normativa de las comunidades autónomas» para analizar «si se puede ayudar a que pueda mejorar la protección de las familias más vulnerables», ha subrayado.
Porque el juego, ha dicho, «no es un problema de salud individual», sino de «rendimiento educativo y de otras dimensiones».
Según diferentes estudios, ha proseguido, «el 40 por ciento de los nuevos jugadores tienen entre 18 y 25 años, un sector que en muchos casos está en una situación precaria» y «al que no puede llegar el mensaje de que las apuestas pueden resolver sus problemas», por lo que «tenemos la voluntad política de contar con una regulación que les proteja de una forma más efectiva».
Como detalle, ha incidido en que la norma que regula la distancia de casas de apuestas a centros escolares «debe incluir más elementos que solo una cifra», ya que, «ahora mismo, en unas regiones se pone 500 metros y en otras 150, pero no se tiene en cuenta, por ejemplo, la densidad de población, que no es igual en Madrid que en La Rioja». EFE.
A.M.