viernes 18.10.2019

La libertad de expresión, cuestión de Estado

La pasada semana ha resultado repulsiva para quienes venimos defendiendo históricamente la libertad de expresión. En los últimos años, este derecho básico en cualquier democracia viene sufriendo un ataque sin cuartel desde el ámbito legislativo y desde sectores privados y religiosos  que está convirtiendo en papel mojado el artículo 20 de la Constitución y el el 19 de la Declaración de Derechos Humanos.

Esta semana, como un eco del pasado, se ha secuestrado un libro, “Fariñas", que lleva tres años editado; se ha condenado a tres años de cárcel a un rapero casi desconocido por la letra de una canción y por primera vez en la historia de ARCO se ha retirado una obra de la feria de arte contemporáneo por ser “incorrecta políticamente”. En Madrid y en España tenemos que avergonzarnos de esta situación que ya es denunciada desde medios como el New York Times. Aunque cada caso sea diferente alimentan una inseguridad ciudadana y profesional ante los recortes de la libertad que hay que atajar radicalmente, de raíz.

Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes…

Estas tres líneas entrecomilladas tienen más de doscientos años, corresponden a las Cortes de Cádiz y evidencian que el retroceso que estamos viviendo. En España, tras la Constitución de 1812, la libertad de expresión es esa bandera erigida por el progresismo que ha caído cada vez que el autoritarismo y el rancio conservadurismo se alzan con el poder.

Ese momento de rancio autoritarismo y puritanismo es el que estamos padeciendo ahora y desde hace ya unos años. Una ideología que si no somos capaces de detener hará que se tambalee uno de los fundamentales pilares de la democracia. Desde las Comisiones Obreras venimos denunciando esta deriva, como víctimas en primera persona, con especial insistencia en la última década. En la libertad de expresión no caben tacticismos partidistas de ninguna parte porque debería ser una cuestión de Estado. La máxima “aunque no estemos de acuerdo con las opiniones de los demás hemos de defender con nuestra vida su derecho a expresarlas”, tiene que formar parte del ADN de una sociedad avanzada como queremos que sea la nuestra.

La larga y dura crisis económica, alentada por el neoliberalismo, ha influido directamente en un retroceso intolerable en el derecho a la libertad de expresión en los ámbitos  sociolaborales y sindicales, así como en los  artísticos y culturales, que no dejan de ser dos caras de la misma moneda.

Las huelgas generales llevadas a cabo por los sindicatos de clase bajo gobiernos de PSOE, primero y PP, después, tuvieron como respuesta la persecución sistemática y organizada del sindicalismo, primero con campañas desinformativas orquestadas y después desempolvando el artículo 315.3 del Código Penal para impedir la labor informativa del derecho de huelga. Esta aplicación llevó al procesamiento de trescientos sindicalistas.

La revisión que se hizo del artículo 315.3 en 2015 es insuficiente porque sigue estableciendo la huelga como un sujeto sobre el que aplicar el Código Penal, cuando lo que debería hacer es protegerlo de los abusos de los empresarios que, en muchos casos, tratan de restringir el derecho de huelga. Paralelamente, en un nuevo ataque el PP puso en marcha la conocida “ley mordaza”, otro ataque a la libertad de huelga, de reunión, de manifestación y expresión.

Coincido plenamente con el último informe de Amnistía Internacional, donde se concluye que nuestro país ha experimentado serios retrocesos y que 2017 ha sido un mal año para la libertad de expresión. Pone el acento también Amnistía Internacional en las consecuencias de las últimas reformas del Código Penal, y van veintisiete desde 1996. Así, en 2011, el último año en que ETA estuvo activa (hasta el 20 de octubre), hubo una sola condena de enaltecimiento del terrorismo. Paradójica e inexplicablemente, más allá de la coartada del yihadismo, entre 2011 y 2017 ha habido 76 sentencias condenatorias por enaltecimiento del terrorismo. Cada época tiene sus justificaciones para recortar la libertad  por quienes quieren conservar el poder, en esta es una supuesta seguridad ante atentados del terrorismo. A  juzgar por los casos denunciados, es una gran mentira.

Quien haya superado la edad de 50 años recordará los chistes y canciones que con típica retranca hispana estaban a la orden del día tras el atentado terrorista que le costó la vida a Carrero Blanco. Pues ha tenido que ser el pasado año cuando Cassandra era condenada a prisión por enaltecimiento de terrorismo, por publicar trece tuits haciendo chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco. Desde el ámbito religioso, recientemente un instagramer era condenado a pagar 480 euros por publicar un fotomontaje en el que a un Cristo había puesto la imagen de su cara.

Recientemente conmemorábamos el centenario del nacimiento del mejor alcalde que ha tenido Madrid, Enrique Tierno Galván, “el viejo profesor”, cómplice de la juventud y alentador del resurgir de la ciudad con “la Movida madrileña”. Uno de los grandes momentos de Tierno fue cuando con su traje cruzado y corbata proclamó “rockeros, el que no esté colocado, que se coloque y al loro”. ¿Qué habría ocurrido hoy con grupos como Siniestro Total que en 1984 cantaban “te mataré con mis zapatos de claqué, te asfixiaré con mi malla de ballet…” ; qué habría sido de Kaka de Luxe y su “a qué estás esperando para irte de tu casa, puedes matar a alguien con una lata…” Indudablemente hoy decenas de grupos que bebían del punk y del rock, incluso lo más pop habrían sido encarcelados y, por su puesto, la mítica Sala Rock-Ola clausurada inmediatamente.

Cierto que no es comparable la situación con la que vivimos bajo el franquismo y la Transición (entre 1976 y 1980 hubo sesenta secuestros de periódicos) y respecto al derecho a manifestación, sólo 1977 hubo cargas policiales en 788 manifestaciones en toda España, pero la tendencia es preocupante.

En este escenario de caos que termina minando el derecho a la libertad de expresión, también hay que criticar la viralización de las noticias falsas, o mejor falseadas, que hasta hoy han venido contando con cierta complicidad de las principales redes sociales, que no dejan de ser empresas privadas. Empresas que también ejercen la censura. No podemos olvidar cómo facebook censuró en 2016 la imagen icónica de “la niña del napalm” tomada en la guerra de Vietnam; o recientemente impidió que se publicara la portada de Interviú con el desnudo de Marisol de hace cuarenta años.

No deja de resultar curioso, además, que la persecución no se ejerza en la misma medida contra quienes hacen apología del nazismo y del franquismo, impidiendo incluso que nombres de golpistas continúen en los callejeros de muchas ciudades de España, tal como sucede en la capital.

Cuando la libertad de expresión es atacada, es atacada la democracia. No es de recibo que quienes defienden con griterío la Constitución en lo que se refiere a simples simbolismos, no apliquen el mismo cuento a seguir los dictados de artículo 20, donde se reconocen y protegen los derechos. Es urgente que hagan una lectura comprensiva del mismo. Y, especialmente, donde se asegura que “el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

Ante los nuevos ataques liberticidas de la derecha conservadora de siempre, la sociedad española debe reaccionar. La libertad si no la defendemos nos los arrebatan los que detentan el poder.

La libertad de expresión, cuestión de Estado
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