martes 22.10.2019

Cristina Cifuentes debe dimitir

En estos días se cumple un año de la detención del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Tres años antes había sido encarcelado el que fuera vicepresidente, Francisco Granados. Los casos más paradigmáticos de la corrupción que ha empantanado la región en estos últimos 23 años de gobierno del PP. En este largo camino de gobiernos de la derecha, el “tamayazo”, el golpe que llevó a Esperanza Aguirre a la presidencia supuso un punto de inflexión en el lodazal que hoy es la derecha madrileña.

En ese mundo de favores, contrafavores y compra de voluntades creado por el PP, el último episodio es el caso del máster de la actual presidenta, Cristina Cifuentes. Un caso en el que día a día se han ido confirmando todas las inacabables informaciones periodísticas que han dado como resultado un cúmulo de sólidos indicios que han acorralado a Cifuentes.

La presidenta, en lugar de atajar la nueva paralización política de la región, en vez de impedir que avance una nueva crisis, ha emprendido una huida hacia adelante en la que sus explicaciones, un abanico de contradicciones, ya no sirven para nada.

No son estas líneas para desmenuzar las informaciones, a cual más escandalosa, que se han ido publicando. Tampoco para analizar unas respuestas y declaraciones que han venido ahogando cada vez más la presidenta en las arenas movedizas del engaño. El objetivo es tan simple como complicado: clamar por la necesidad de regeneración y cambio. La región de Madrid, que encabeza la riqueza del país, no puede vivir más tiempo en el sobresalto permanente y en el desprestigio de lo público.

Y es que el caso del máster ha desembocado en un nuevo ataque “en diferido” a la educación pública. Desde la presidenta del Gobierno y del Partido Popular, la imagen que se termina lanzando es que estudiar un máster no sirve para nada; han venido a decir que los títulos se reparten en una tómbola; han prostituido la obtención de títulos universitarios. Y eso lo hace quien es responsable de la calidad de la enseñanza pública madrileña y quien debiera perseguir las irregularidades y las malas prácticas.

Sin duda, el nombre de la Universidad Rey Juan Carlos queda muy deteriorado después de este caciquil episodio. Y por ello, es imprescindible hacer una investigación a fondo y depurar todas las responsabilidades derivadas de las irregularidades que se hubieran producido.

Por ser docente y conocedor de la realidad, no puedo por menos que defender la profesionalidad del profesorado de las universidades públicas madrileñas. Personas que, a pesar del sabotaje de los recortes, se empeñan en que la educación de calidad llegue a todas las personas, independientemente de su origen social, y con ello se beneficie toda la sociedad.

Es imperdonable la humillación que este caso, protagonizado por Cifuentes, supone para esa clase trabajadora que tiene que hacer titánicos esfuerzos para poder pagar tasas universitarias, cursos de posgrado, masters, doctorados a sus hijos e hijas. Precios que han sido abusivamente incrementados por los gobiernos del PP madrileño hasta el punto de expulsar de la universidad a estudiantes procedentes de familias con rentas bajas. La obligatoria y lógica asistencia a las clases, la dureza de exámenes y trabajos, difícilmente permiten compaginar estudios con empleos mínimamente remunerados. Esa es la regla a pesar de lo que estos días hemos estado viendo en el caso de Cifuentes.

Es imprescindible la regeneración y el cambio para que la enseñanza universitaria sea tratada con el honor que merece. Pero también es necesario que la política vuelva a ser considerada una actividad tan noble como indispensable. Y es que el PP madrileño, en estas décadas  ha ensuciado todo lo público para presentar como alternativa lo privado.

Este fin de semana, María Dolores de Cospedal en su efusiva defensa a Cristina Cifuentes ha sido meridianamente clara: “tenemos que defender lo nuestro y a los nuestros”, en una máxima que bien podría pertenecer a don Vito Corleone en “El Padrino”. Ese es el problema. Los partidos políticos son instrumentos al servicio de toda la sociedad, al servicio del llamado interés general y el PP se ha convertido en un fin en sí mismo.

Cuando no es por el independentismo catalán, es por la corrupción del PP. La gran desgracia es que en Madrid la agenda sociolaboral se paraliza.

La tragedia de esta región es que no se pueden tomar medidas contra el paro, contra la exclusión, de mejoras del transporte. No se puede debatir sobre las pensiones, ni los exiguos presupuestos para políticas de igualdad porque siempre amenaza la espada de Damocles del escándalo y la corrupción del PP.

La oposición, PSOE y Podemos, han dado muestras de responsabilidad e higiene política al acordar una moción de censura. Ciudadanos, andamio del PP madrileño; esa nueva derecha que alardea de estar libre de mácula, aunque solo sea por edad, se encuentra en una encrucijada intentando salvar los papeles con una comisión de investigación, lógica pero muy insuficiente para desatascar a esta región.

Por todo ello, creo que Cristina Cifuentes debe dimitir. Cristina Cifuentes no debe alargar la agonía por el bien del desarrollo de la Comunidad de Madrid. Este es el último capítulo de una serie de escándalos protagonizados por los gobiernos del PP que han degradado y deteriorado las instituciones de esta región. Cifuentes debe presentar su dimisión para no seguir dañando y menoscabando la credibilidad y el prestigio de las instituciones democráticas madrileñas.