Jaime Cedrún

14-D: Recuperar lo arrebatado

14-D: Recuperar lo arrebatado

Aquel 14 de diciembre “pararon hasta los relojes”, tal como titulaba el semanario “Mundo Obrero”. Era el año 1988 y España vivió una huelga general histórica. Aquella jornada hubo un seguimiento sin precedentes convocado por CCOO y UGT. Para el éxito se daban las condiciones objetivas y tras el éxito los poderes tuvieron que recular.

Aunque actualmente vivimos escenarios diferentes, el contexto económico es similar, tal como recordábamos el pasado jueves en la manifestación celebrada en Madrid y que congregó a miles de sindicalistas “en defensa de lo público”.

En 1988 España salía de una crisis en la que el Gobierno no repartía los frutos del crecimiento de la riqueza nacional, después de años de sacrificios y calamidades para la clase trabajadora. En esos días, con el crecimiento de la riqueza situado en un 5 por ciento, el Ejecutivo de Felipe González optó por medidas que precarizaban el empleo, fundamentalmente entre la juventud, contenidas en un impresentable “Plan de Empleo Juvenil”.

Un plan que, como decía Paco Moreno, entonces secretario confederal de Juventud de CCOO, no sólo cuestionaba el futuro de los jóvenes, sino todas las relaciones laborales. Un plan, que como denunciaba Jesús Montero, entonces secretario general de UJCE (la Juventud Comunista del PCE), no era un plan, sino “un decreto de guerra”.

En 2017, al igual que hace casi treinta años, las cifras macroeconómicas son positivas, con un crecimiento anual del 3 por ciento. Ya genera este país más bienes y servicios que antes del inicio de la crisis, un crecimiento que no se reparte y que nos lleva a la paradoja de que la salida de la crisis está haciendo crecer la desigualdad. España produce más que antes de la crisis con un millón menos de trabajadores, los empresarios han recuperado los beneficios de antes de la crisis y se lo quedan, ni invierten en empleo de calidad ni pagan los impuestos que les corresponde. El Gobierno está creando un ejército de parias, de personas que ya sufren exclusión y personas que, aun trabajando, padecen pobreza.

Los problemas territoriales, que tan bien vienen a las derechas catalana y española, están acallando un mar de fondo sociolaboral con un referente  en los servicios públicos. Los servicios públicos en nuestro modelo constitucional de país son fundamentales; es el más sensible de los sectores porque se ocupa de las personas más vulnerables y además es garantía de que la desigualdad no llegue a límites extremos. Cuanto mejores son los servicios públicos de un país, mayor es la protección social y menor la desigualdad.

Sin embargo, la senda elegida por el Gobierno de Mariano Rajoy se basa seguir atacando esos servicios públicos. Lo demuestra Rajoy, tanto a través de unos presupuestos generales que impiden aumentar los recursos para las personas más necesitadas, como con una presión fiscal muy baja que; como recordaba el jueves Unai Sordo, secretario general de CCOO; recauda 80.000 millones menos de media, que lo que recauda la zona euro.

Algunos datos son contundentes. Desde 2009 se han perdido 36.500 empleos en la enseñanza pública y ha aumentado la precariedad de tal forma que uno de cada cuatro profesores son interinos. Por su parte, en el sector sanitario se han perdido 28.000 empleos con un permanente trasvase de recursos públicos al sector privado.

Es de justicia que si los empleados públicos hemos perdido un un 13 por ciento de poder adquisitivo desde el inicio de la crisis, sea ahora el momento de recuperar lo arrebatado. Algo que debe vincularse a la capacidad de negociación. Es inviable que se alcancen acuerdos en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos y que sistemáticamente se estén impugnando y recurriendo, impidiendo con ello conseguir unas mejoras que a estas alturas todo el mundo entiende que son justas y lógicas para empleados y ciudadanía. Esa ciudadanía que más necesita la existencia de unos servicios públicos de calidad.

En total, se han perdido 350.000 empleos públicos desde 2010 y, especialmente, desde 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno del PP. Exigimos al Gobierno, por necesario e imprescindible, que abra un espacio de negociación en el ámbito de la mesa de negociación de las Administraciones Públicas, para alcanzar un acuerdo que tenga efectos en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, sean estos nuevos o prorrogados.

El Gobierno continúa agitando el mar de fondo de la conflictividad sociolaboral. La historia nunca se repite, pero no está de más recordar aquel 14 de diciembre de 1988 en el que, a las dos de la tarde, Marcelino Camacho, entonces presidente de CCOO se dirigía a las miles de personas que conformaban los piquetes: “¡si no nos domaron ayer, no nos domesticarán hoy!” Antonio Gutiérrez, entonces secretario general del sindicato afirmaba: “Hay una clase obrera capaz de dar lecciones de firmeza, lucha y también total responsabilidad. El Gobierno debería quitarse el sombrero ante una clase obrera que no se merece”.

Dos días después de que pararan hasta los relojes, las calles de Madrid, las calles de toda España se llenaron de trabajadores y trabajadoras. El Gobierno no podía mirar hacia otra parte. La calle era una olla a presión… En el 2018, o hay respuestas de patronales y gobiernos o habrá conflicto, en el 30 aniversario de aquel 14D de 1988.