Primero, la evidencia: ANV ha sido ilegalizada por pertenecer al entramado de una banda terrorista, no porque su programa no gustara a los demandantes o a los jueces. Hizo bien ayer, por tanto, el senador Luis Peral en subrayar el contenido de la sentencia de ilegalización y en abundar en las conexiones y la dependencia de ETA. Y tras la evidencia, otra: en este momento, porque el Gobierno no quiso actuar antes de las elecciones locales, hay en el País Vasco ayuntamientos gobernados por grupos y personas que pertenecen al entramado de ETA.
Siendo todo esto evidente, resulta ciertamente paradójico que el Gobierno no reaccione para impedir que esas personas y grupos gobiernen municipios vascos. Dice el PSOE, para no aceptar los requerimientos del PP, que no es posible, lo que de ser cierto resulta absurdo ya que viene a significar que el Estado de Derecho no puede defenderse realmente, con la energía y la urgencia, de los grupos terroristas. El presidente Rodríguez Zapatero utilizó la metáfora quirúrgica: operar sin dañar el corazón del pluralismo, pero la metáfora no es un argumento legal, sino meramente estratégico. Con ANV gobernando ayuntamientos, manejando fondos públicos, condicionando la vida de muchos ciudadanos con su acción política protegida, es como se demuestra que el corazón del pluralismo y la libertad están realmente dañados. Y corresponde al Gobierno restaurarlo.
De todos modos, resulta sorprendente que pueda disolverse el gobierno municipal de Marbella por delitos económicos y no pueda hacerse lo mismo con aquellos en los que ETA manda. Y si lo sorprendente es real, como pretende el PSOE, debería ponerse a la tarea inmediatamente porque constataría, tras tantos años y tanta experiencia de lucha contra el terrorismo, que nuestra legislación está tarada.
¿Qué sería lo lógico? Que el Gobierno, que reclama el consenso del PP, se reuniera con los representantes de éstos para sacar a ANV de los citados ayuntamientos, que si puede demostrar que la Ley no se lo permite ahora, lo que es más que dudoso, presentara al mismo tiempo, y para conseguir el acuerdo, las reformas legales pertinentes. Si no quiere hacerlo, si hay que dejar puertas abiertas o no conviene para los tratos pendientes con el nacionalismo vasco, no puede acusar de electoralismo a quien se lo demanda en sede parlamentaria. Así sólo demuestra que, además de la incoherencia, reconoce que el electorado es partidario de disolver esa indignidad.
Germán Yanke