El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha tomado declaración al ex director general de Política Exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme, actual embajador en misión especial para Desarme y Desarrollo, Miguel Aguirre de Cárcer, como primer paso para investigar los vuelos de la CIA con supuestos terroristas radicales islámicos conducidos ilegalmente a la base de Guantánamo en Cuba, con escala en España según el pacto secreto entre el Gobierno de José María Aznar y el presidente norteamericano George Bush.
Ismael Moreno, que hace dos años se declaró competente en el caso de aviones que hicieron escala en territorio español y cuyos responsables están siendo investigados por posibles delitos de detención ilegal y torturas, pidió en su momento al Ministerio de Asuntos Exteriores documentos que demostrasen el tipo de pacto que se hizo en el que podrían estar implicados altos cargos del Gobierno de José María Aznar, e incluso del actual Gobierno, ya que los vuelos se realizaron hasta el año pasado con Zapatero en el poder.
Se da la circunstancia de que los primeros documentos del escándalo, filtrados al periódico El País y cuyo autor es precisamente Aguirre de Cárcer, han desaparecido de las dependencias oficiales donde se custodiaban y ha habido que acudir al Comité Hispano-Norteamericano, que tenía copia del documento, para hacerlo llegar a la Audiencia Nacional y al juez Ismael Moreno.
Esos documentos, que conocían al menos una docena de personas, y copia de los cuales estaba en el Ministerio de Defensa e incluso en el Palacio de la Moncloa, prueban que las autoridades españolas conocían el tipo de tráfico que estaban realizando aviones de la CIA, aunque el ministro de Asuntos Exteriores, en su comparecencia en el Parlamento, para cubrir al actual Gobierno, insistiese en que desconocían esas misiones aéreas y que, en ningún caso, los vuelos hicieron escala en ninguna de las bases de Morón o Rota.
El ministro nunca se refirió a determinados vuelos que hicieron escala en aeropuertos civiles de Palma de Mallorca y de Tenerife que, al parecer participaron en misiones ilegales de prisioneros que fueron conducidos a prisiones de países árabes, prisiones especiales en países del Este e incluso Guantánamo.
La propia Embajada de Estados Unidos en Madrid en el año 2005, con Zapatero ya en la Presidencia del Gobierno, le confirmó al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que un Gulfstream IVF llegó al aeropuerto de los Rodeos, en Tenerife, procedente de la base de Guantánamo con prisioneros que iban a ser entregados por la CIA norteamericana.
En su intervención en el Parlamento Europeo durante una investigación sobre ese tipo de vuelos, el ministro Moratinos evitó leer un párrafo de su discurso en el que se suprimió en principio esa información.
Ese obscurantismo explica la nebulosa intervención del ministro de Asuntos Exteriores en el Parlamento a petición del Partido Popular, una intervención que al final casi resultó aplaudida por el PP y que recibió los parabienes de Gustavo de Arístegui, diputado popular responsable de la Comisión de Exteriores.
De esta forma, el escándalo de los vuelos de la CIA, del que los principales responsables políticos son José María Aznar, su ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y de Defensa, Federico Trillo, se ha convertido también en un escándalo para el actual Gobierno que durante estos años no ha actuado con la diligencia que le exigía el Parlamento Europeo y la propia Audiencia Nacional para esclarecer el asunto.
Por otra parte, no ha trascendido nada de la investigación que está realizando el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la desaparición de los archivos oficiales de papeles considerados como «muy secretos». Se desconoce si esa desaparición se produjo durante el traspaso de poderes en marzo del 2004 y si tiene algo que ver con el borrado de archivos informáticos de la Moncloa, por el cual un juez abrió diligencias que posteriormente se cerraron.
La desaparición no solo viola la Ley de Patrimonio Histórico del Estado sino que puede tener consecuencias penales de prisión e incluso inhabilitación del cargo de los funcionarios implicados.
Lo que cada vez resulta más claro es que el Gobierno actual, a pesar de su insistencia en la defensa de los Derechos Humanos, no manifiesta ante la opinión pública el interés debido para aclarar todo lo que afecta a los ‘vuelos de la vergüenza’.
José Oneto