martes, diciembre 6, 2022

Declara el maquinista del Alvia: “fue un accidente, no pude evitarlo”

Al primero de los dos acusados se le responsabiliza de encarar la curva de A Grandeira a 191 kilómetros por hora, cuando la velocidad permitida era de 80, aunque asegura que no había ninguna señalización. Piden para él cuatro años de cárcel

Francisco José Garzón Amo es el maquinista del Alvia que, en 2013, se salió de la vía en el barrio compostelano de Angrois, causando 80 muertos y 145 heridos. Hoy, más de nueve años después del trágico suceso, ha declarado ante la jueza que él sí frenó, pero que fue imposible evitar el accidente.

El juicio comenzaba ayer, y hoy Garzón ha testificado durante algo menos de una hora, respondiendo únicamente a las su defensa. Ante la pregunta de si la tragedia habría producido con las medidas de seguridad actuales, ha dicho “no, imposible”. Además, asegura que él no contó con sistemas de protección que hace “siglos que existían” y que deberían haber estado en pleno funcionamiento.

El maquinista ha querido hacer hincapié en que no había ningún tipo de señalización (ni semafórica, ni baliza, ni de limitación) que le indicara que debía ir reduciendo la velocidad. Tan sólo, asegura Garzón, se topó con la señal de 80 kilómetros por hora cuando estaba en la curva de A Grandeira, lugar en el que se produjo el descarrilamiento. También ha repetido lo que ya testificó en su día: la llamada de servicio del interventor de a bordo, a la que “es obligatorio contestar”, le desconcentró, ya que pensaba que estaba en el túnel anterior. Según él, se trataba de una vía monótona, llena de viaductos, en la que era fácil perder la referencia.

“Le podría haber pasado a cualquiera”

A Garzón se le ha preguntado si lo que le pasó a él podría haberle ocurrido a otro maquinista: él asegura que “a cualquiera”. Garzón es uno de los dos acusados, y se le responsabiliza de encarar la curva de A Grandeira a 191 kilómetros por hora, cuando la velocidad permitida era de 80.

El otro acusado es Andrés Cortabitarte, entonces director de seguridad de Adif, y la persona que autorizó la desconexión del sistema ERTMS (la tecnología que habría regulado la velocidad del tren de forma automática). Las víctimas piden cuatro años de cárcel e inhabilitación profesional para cada uno, por 80 presuntos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños por imprudencia profesional grave.

P. N.

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