Así lo ha asegurado este martes el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, tras presentar en Alicante la fundación que gestionará el Centro internacional de Investigación del Envejecimiento.
Puig ha explicado que la Abogacía de la Generalitat estudia la cobertura legal para acelerar la implantación de la obligación de presentar el certificado de vacunación en determinados espacios y ha dicho que cuando haya un informe definitivo se hará público y se comunicará a los sectores afectados.
El jefe del Consell también ha comentado la Abogacía estudia si la Generalitat puede ejecutar directamente esa normativa del pasaporte covid sin el paraguas legal del Gobierno central.
En todo caso y haya o no cobertura general de la Administración del Estado, Puig ha manifestado que «la toma de decisiones final será de la Generalitat».
Ha hecho hincapié en que esta medida responde al objetivo de «hacer todo lo que esté al alcance de la mano para parar la propagación del virus» y lograr que se vacune el 10 por ciento de la población que aún no lo ha hecho.
Preguntado sobre la petición para que se implante en los centros comerciales, Puig ha evitado pronunciarse y ha insistido en que serán los servicios jurídicos del Consell los que determinen en qué espacios será obligado portar el pasaporte covid.
Sin embargo, ha comentado que se sabe que los lugares donde hay más capacidad de contagio son los cerrados y en los momentos donde es difícil mantener tanto la distancia como la mascarilla, pero ha proseguido que hay que estudiar donde se implantará la medida también función de lo que aconsejen las autoridades científicas y siempre con el fin de «dar la máxima seguridad a las personas». EFE
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