La Fiscalía ha pedido a la juez que revoque las salidas entre semana que la cárcel de Lledoners autorizó a Cuixart para trabajar y hacer voluntariado, al considerar que su condena también tiene un fin de «intimidación» a la sociedad para disuadir la comisión de delitos.
En un comunicado, el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha advertido a la Fiscalía de que no puede pretender que Cuixart piense de otra manera: «Cuixart no reeducará su ideología, por mucho que el fiscal siga intentando coartar su libertad de pensamiento y el ejercicio de sus derechos fundamentales», ha afirmado.
Mauri ha acusado a la Fiscalía de actuar «como la Inquisición» y ha recalcado que «quien debe cumplir la legalidad internacional son los poderes del Estado».
Òmnium alega que su presidente puede hacer uso del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, porque «es uno de los derechos que le corresponden como preso y al cual la junta de tratamiento penitenciario ha dado su visto bueno».
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