El Gobierno está en funciones, pero el Congreso de los Diputados no, aunque pueda parecerlo. Sobre todo cuando se analiza la ficha de trabajo de sus señorías. Tres meses después de la constitución de las Cortes Generales, 118 de los 350 diputados, la mayoría miembros del Grupo ‘popular’, aún no han registrado ni iniciativas parlamentarias, ni ninguna intervención. El bloqueo político ha ralentizado la actividad, pero los sueldos de sus señorías no están en funciones. Este centenar de diputados aún sin trabajo registrado se han embolsado una media de 12.000 euros, a razón de 4.500 euros mensuales desde el pasado enero.
En esta lista negra hay nombres destacados de los principales partidos políticos, incluidos los emergentes. Aunque la palma, sin duda alguna, se la lleva los diputados del Partido Popular: 79 de sus 122 parlamentarios aún no han estrenado su hoja de trabajo. Entre ellos destacan el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sus ministros (a excepción del titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, que compareció el 17 de febrero en la Comisión de Exteriores para consensuar la posición de España en Bruselas respecto al Brexit), el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y los hombres de confianza de Rajoy, Jorge Moragas y Álvaro Nadal.
Eso sí, ninguno de ellos cobra aún un sueldo del Congreso. La ley Orgánica del Régimen Electoral General permite acumular varios cargos, pero sólo un sueldo. Ellos reciben una asignación por ser ministro o alto cargo de la administración. Ahora bien, esto no quiere decir que no reciban nada por su responsabilidad parlamentaria. No es un sueldo, pero los miembros de la administración que tienen acta parlamentaria pueden seguir cobrando las llamadas “indemnizaciones”, “irrenunciables” y como señala el Reglamento de las Cortes, “exentas de tributación” para cubrir gastos de “alojamiento y manutención”: 870,56 euros para los electos por Madrid y 1.823,86 euros para los de otras circunscripciones.
Más escandaloso es el caso de algunos miembros de la cúpula ‘popular’. “Nosotros no estamos en funciones”, repiten insistentemente. Ahora bien, algunos de ellos también cuentan con escaño en el Congreso de los Diputados, y ahí sí parece que lo estén. Este es el caso de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, y el de Organización, Fernando Martínez Maíllo. Los tres –que además tienen el privilegio de ostentar la presidencia de sendas comisiones– únicamente tienen anotada en su hoja de trabajo una intervención que coincide con la constitución de sus comisiones. Un puesto por el que además cobran un plus mensual de 1.431 euros.
En el caso de los miembros del Gobierno, incluso de algunos miembros de la cúpula del PP, se podría forzar una excusa: aunque están en funciones –en el caso del Gobierno-, tienen más responsabilidades. Pero por desgracia no son los únicos. Tampoco han estrenado hoja de actividad diputados como Carlos Floriano, que ya no tiene responsabilidad en el Partido Popular. Eso sí, cobra un plus de 1.424,62 euros por gastos de representación y 662,45 euros por gastos de libre disposición por ser portavoz adjunto de la Junta de Portavoces. Y también llama la atención el caso de Pedro Gómez de la Serna, investigado por cobrar comisiones millonarias por lograr contratos públicos para empresas españolas en África y América Latina. Hoy no forma parte del Grupo ‘popular’. Está en el Mixto. Pero aún comparte con sus antiguos compañeros su baja actividad parlamentaria.
La hoja en blanco de Bescansa y Lozano
Por el momento, los socialistas son los más activos en el Parlamento . Una regla que, por supuesto, también tiene sus excepciones: 11 de sus 89 diputados aún mantienen su hoja de actividad en blanco. Eso sí, los 78 parlamentarios que sí han estrenado su hoja de trabajo, no están trabajando al mismo ritmo. Algunos de ellos sólo han registrado en estos tres meses una solicitud de informe. Y ahí también hay un caso llamativo: el de la exUPyD Irene Lozano. El fichaje estrella de Pedro Sánchez sólo ha solicitado un informe a la Administración del Estado sobre las consecuencias de una “hipotética salida de Gran Bretaña de la Unión Europea” en los tres meses que lleva cobrando como diputada.
Ahora bien, para llamativo, el caso de las fuerzas emergentes. Podemos y Ciudadanos llegaron a la política con un compromiso similar bajo el brazo: erradicar las malas prácticas de la “vieja política”, como cobrar dinero público por no hacer nada. Superar al PP en este caso es complicado, pero en ambas formaciones existen ejemplos significativos de diputados que o no han estrenado su ficha de trabajo, o lo que han hecho estos tres meses es insignificante. Igual que en el PP, algunos presidentes de Comisión de Ciudadanos, como Irene Rivera, o de Podemos, Sergio Pascual, únicamente tienen registrada su intervención durante la constitución de su comisión. Aunque no son los únicos casos llamativos.
En el caso de la formación liderada por Pablo Iglesias, Carolina Bescansa (secretaria de Análisis Político de Podemos), Rafael Mayoral (secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales) y su fichaje estrella en materia de Justicia, la jueza María Victorial Rosell, tampoco han registrado actividad. En el caso del partido naranja llama la atención la baja actividad de Miguel Ángel Gutiérrez, su número ‘cuatro’ por Madrid, que fue acusado de falsear su currículum. Es una de las caras más visibles de la formación naranja pero sólo tiene registrada una intervención, del pasado 17 de marzo.
El control al Gobierno, en stand by
El Congreso volvió a abrir sus puertas el pasado 13 de enero. La actividad que ya ha registrado no es tan prominente a estas alturas como en legislaturas anteriores, donde el Gobierno ya trabajaba a todo gas, pero los grupos parlamentarios han registrado más de 2.600 iniciativas, 28 proposiciones de ley y dos propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía. De hecho, las distintas comisiones ya han aprobado dos declaraciones institucionales y una veintena de proposiciones no de ley.
Pese a que todos los grupos se pusieron de acuerdo en extender las vacaciones de Semana Santa tres semanas –más de lo habitual- lo cierto es que lo único que por el momento se mantiene en stand by es el control al Gobierno. La negativa de Rajoy a someterse a la fiscalización de la Cámara Baja y la insistencia de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, en lo contrario, ha llegado al Tribunal Constitucional. Pero eso no quiere decir que el Congreso esté parado, pese a la baja actividad de sus señorías.