Una media de 800 euros por los libros. Unos 300 euros cada mes para el preparador. Días interminables de estudio incansable. Todo para conseguir una plaza de las 50 que se ofertan para la carrera de juez y fiscal.
Así es la vida de un opositor. En cada convocatoria a las oposiciones de jueces y fiscales se presentan cerca de 4.000 personas que luchan por alcanzar un puesto de funcionario. Antes de la crisis, opositar era una manera de asegurarse un trabajo estable, pero a día de hoy se convierte en una carrera de fondo.
Los trabajadores de la Administración Pública son uno de los sectores más sacudidos por la crisis. Algunos dicen que los funcionarios «viven muy bien», pero lo cierto es que en los últimos años han sido también víctimas del tijeretazo del Gobierno. Desde que el PP llegó en 2011, se han suprimido 375.000 empleos públicos.
Desde que el PP llegó en 2011, se han suprimido 375.000 empleos públicos
Andrea Mª Romero es una joven de 24 años licenciada en Derecho que decidió emprender el camino hacia las oposiciones a juez y fiscal. Apenas hace un año que se está preparando, pero ya le ha dado tiempo a comprobar todos los obstáculos que se le presentan: «La mayor dificultad, sin duda, es la drástica reducción en el número de plazas».
Desde que Mariano Rajoy llegó al Ejecutivo, las plazas ofertadas para jueces y fiscales se han visto reducidas en 350. «En las convocatorias de los años 2009, 2010 y 2011 se ofertaron 1.200 plazas en total. En los años 2012 y 2013, sólo 50 entre los dos años», explica a ESTRELLA DIGITAL Uxía de Andrés, una de las representantes de la Plataforma de Opositores a Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales, creada para denunciar la situación de estos opositores.
Menos plazas, más aspirantes, examen más difícil
A pesar de la escasa oferta, siguen siendo muchos los aspirantes a estas oposiciones que se preparan durante años para un examen que cada convocatoria supera en dificultad a la anterior. La prueba consta de dos partes: un test y dos exámenes orales. Para acceder a la segunda parte es necesario aprobar la primera. Aquí es donde se hace la criba: «En el año 2011 aprobé el test con una puntuación de 49. Este año, para aprobar se necesitaba una puntuación de 74. Cuanto menor sea el número de plazas, más difícil es el examen«, dice la representante de la Plataforma, que muestra su indignación ante la situación de los opositores: «Hemos pasado de luchar diez personas por plaza a tener que luchar 80 por una plaza».
Juzgados colapsados
50 plazas no son suficientes para cubrir las necesidades de la Administración de Justicia
La disminución en el número de plazas ofertadas trae consigo un problema que deja a la administración pública prendida de un hilo. El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2011 la reducción al 0% de la tasa de reposición de funcionarios, salvo para Sanidad, Educación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuerpos de lucha contra el fraude fiscal, en los que por cada 100 puestos vacantes, se cubrirán diez.
«Cada año se jubilan magistrados y no se reponen sus puestos. 50 plazas no son suficientes para cubrir las necesidades de la Administración de Justicia. En la última memoria anual del Consejo General del Poder Judicial se detallaba que se necesitaba una media de 300 jueces más», comenta Uxía de Andrés. Los juzgados están colapsados por la falta de personal y parece que para el próximo año no se espera una mejora.
«El opositor es un parásito de sus padres»
Así define Uxía de Andrés la situación de muchos de los aspirantes que tienen que recurrir a sus familias para poder labrarse un futuro en el empleo público. «Antes existían unas becas dotadas en 3.000 euros, pero cuando llegó el PP al Gobierno, las eliminó», afirma.
Los gastos de un opositor no son pocos. Andrea Mª asegura que en un año ha invertido cerca de 3.500 euros, repartidos en: 250 euros al mes para el preparador, 800 euros en los «Carperis» (el temario, ofrecido sólo por dos editoriales), los Códigos y Leyes, 29,90 euros de las tasas del examen, un cronómetro, material de oficina… Una inversión que no pueden permitirse todas las familias.
Futuro alentador
Los datos previstos para el nuevo año no son demasiado esperanzadores. La semana pasada se supo que el Ejecutivo aumentará de 50 a 100 las plazas para las carreras judicial y fiscal y convocará 100 nuevas plazas para personal de Instituciones Penitenciarias, después de tres años con tasa de reposición cero. El objetivo perseguido con este incremento es mejorar las deficiencias funcionales detectadas.
Pese a todos los inconvenientes, Uxía y Andrea Mª no han tirado la toalla: «Sé que es una oposición dura y que la media de años para sacarla ha subido por la reducción de plazas, pero ser fiscal es mi sueño desde que empecé a estudiar Derecho y no voy a rendirme», confiesa Andrea.