Sin embargo, aclaró al diputado del PP Ramón Aguirre que los «problemas potenciales de solvencia» que tiene un tercio del sector financiero español no son la causa de que el crédito no esté creciendo, al igual que sucede en todos los países de la Organizaciónpara la Cooperación y el Desarrollo Económico
Eso no se puede achacar a la reestructuración, porque si se analiza la concesión del crédito, entidad por entidad, no hay diferencias «significativas» entre las que están inmersas en procesos de fusión y las que no.
Además, Salgado añadió que dos terceras partes del sistema bancario no tendrán dificultades en un entorno complicado y sólo el tercio restante podría sufrir «algún problema».
Es en ese segmento, donde dos partes de las entidades ya están en procesos de fusión y otra parte va más rezagada, aunque no quiso concretar las razones de ese retraso.
Ramón Aguirre culpó directamente al Ejecutivo y al Banco de España, «por su falta de liderazgo», de que los procesos de fusión no se estén materializando, algo «fundamental» para salir de la recesión y que tendría que haberse hecho desde el 2008.
Por eso el diputado popular consideró que tanto el Gobierno como el supervisor son responsables, uno por ocultar la crisis y decir que «estamos en la recuperación» y el otro por no dejar de decir que «hay 15 entidades en dificultades que deberían fusionarse».
A juicio de Aguirre, hay entidades que están bien pero «algunas están a las puertas de la extremaunción», por lo que pidió al Gobierno que introduzca «disciplina» a través de leyes y aseguró que si lo hace, contará con el apoyo del PP.
El diputado popular también criticó los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), que dijo, son un «artefacto para satisfacer vanidades y, por qué no decirlo, el bolsillo».
Ante estas críticas, Salgado recordó a Aguirre que el Ejecutivo pretende reformar la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) en la segunda mitad del año, una vez haya concluida la reordenación financiera.
Pero la ministra aclaró que en ningún caso cambiarán la Constitución ni los estatutos autonómicos, como según ella, quiere el PP.