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Bruselas aprueba el sistema español de garantía para las entidades de crédito

El sistema es "no discriminatorio, limitado en el tiempo y el alcance, prevé limitaciones para evitar abusos y está sujeto a una remuneración a cargo de los beneficiarios conforme a las condiciones de mercado", añade la CE. Bruselas ha concluido que el sistema "constituye un medio adecuado para solucionar una grave perturbación de la economía española".

Bruselas ya autorizó a principios de noviembre el Fondo español para la adquisición de activos financieros, dotado inicialmente con 30.000 millones de euros, que también está orientado a paliar los problemas de financiación de los bancos españoles.

La nota de la Comisión explica que el sistema de garantía español cubrirá, a cambio de una remuneración, la emisión de pagarés, bonos y obligaciones admitidos en el mercado secundario oficial en España.

"Mientras que la vigencia de los instrumentos financieros cubiertos sería en principio de entre tres meses y tres años, las garantías podrían ampliarse a instrumentos con una vigencia de hasta cinco años en circunstancias excepcionales".

El presupuesto total del sistema está limitado a 100.000 millones de euros, que podrán incrementarse hasta 200.000 millones si las condiciones del mercado así lo exigen. "Solamente los bancos solventes tienen acceso al sistema de garantía", recuerda la CE.

La decisión del Ejecutivo comunitario cubre un período de seis meses, tras el cual España "debe dar por concluido el sistema o bien notificar de nuevo su ampliación a la Comisión".

El sistema contiene elementos de ayuda estatal, pero prevé "diversas salvaguardas dirigidas a garantizar que la intervención del estado sea proporcionada, limitada a los instrumentos necesarios y adecuada para alcanzar este objetivo".

En especial, el sistema prevé un "acceso no discriminatorio", pues estará abierto a todas las entidades españolas de crédito solventes que tengan al menos 1/1000 del mercado crediticio y siempre que los instrumentos garantizados se hayan emitido durante los últimos cinco años.

La garantía es "limitada en su tiempo y alcance, y tanto su presupuesto global como las garantías individuales son limitadas".

Por ejemplo, cada banco puede recibir garantías ligadas a su cuota de mercado anterior y el estado puede limitar la cantidad de la garantía cuando el riesgo con respecto a la entidad de crédito beneficiaria se considere excesivo.

Para beneficiarse de la garantía, se requiere que los bancos participantes paguen unas remuneraciones conformes a las condiciones del mercado.

Por otra parte, los beneficiarios se comprometerán a determinadas pautas de actuación para evitar un uso abusivo del apoyo estatal. Dichos compromisos incluyen restricciones en la expansión y la comercialización.

Por último, España se ha comprometido, según la CE, a notificar planes de reestructuración para cada beneficiario efectivo de la garantía y a informar periódicamente a la Comisión sobre la aplicación del sistema.

A la luz de estos compromisos y condiciones, la Comisión ha concluido que el sistema "es un medio adecuado para abordar una grave perturbación en la economía española".

Las "rigurosas salvaguardias impuestas" garantizarán que el apoyo público "se limite a lo estrictamente necesario para estabilizar el sector financiero español y de que se minimicen las repercusiones negativas", asegura el comunicado.

"En la crisis financiera actual es importante abordar los problemas de liquidez de los bancos, ya que pueden afectar desfavorablemente a los préstamos a la economía real", afirma la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en la nota.

"El sistema español tiene en cuenta particularidades nacionales del mercado bancario en España asegurando al mismo tiempo la coherencia necesaria para mantener unas condiciones de competencia equitativas para todos los bancos europeos", añade.

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