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Duelo final del Gobierno de Andorra con BPA por su intervención

Estrella Digital | 16 de septiembre de 2018

Joan Pau Miquel. Imagen de Archivo.
Joan Pau Miquel. Imagen de Archivo.

Se reanuda el juicio por el caso BPA cuya sentencia avalará o pondrá en cuestión la legitimidad del gobierno del principado para intervenir una entidad bancaria cuyos balances anuales eran aprobados, sistemáticamente, por el Instituto Andorrano de Finanzas

El ex consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, y otros 24 empleados de la entidad entre contables, gestores de cuentas y directivos, se sentarán a partir del lunes día 17 a las 10 de la mañana en el banquillo de los acusados del Tribunal de Corts andorrano.

Es el juicio por la pieza principal del llamado caso BPA, la presunta trama de blanqueo de capital internacional urdida, según la fiscalía, desde esa entidad bancaria.

Cárcel y multa millonaria

Hace tres años, un informe del FINCEM (Departamento del Tesoro norteamericano) puso al gobierno de Andorra primero, y a su fiscal general, Alfons Alberca, después, en máxima alerta. El gobierno que dirige Antoni Martí y que capitanea el ministro de Finanzas,  Jordi Cinca, intervino el banco y su consejero delegado, Joan Pau Miquel, fue encarcelado por un delito continuado de blanqueo de capitales. Miquel ha estado dos años en prisión preventiva por esta causa. El lunes, el fiscal, le pedirá 8 años de cárcel y 100 millones de euros de multa. Será el primero en prestar declaración.

De nuevo, Pallardó

Joan Pau Miquel es el principal imputado en esta causa que nace gracias a la mecha que enciende el intermediario financiero y blanqueador confeso de capitales, Rafael Pallardó. Este abogado -que nunca ejerció-, imputado en la causa contra la mafia china que se sigue en España por el llamado “Caso Emperador”, meses después de verter duras acusaciones contra el banco y su CEO, se desdijo y afirmó que lo hizo fruto de las presiones de la fiscalía. Pallardó tendrá que declarar como testigo pero con la espada de Damocles de una eventual imputación a la vuelta de la esquina.

El gobierno acusa

El juicio se desarrollará en el salón de actos de Pradas Casadets, un anfiteatro situado enfrente de la sede del gobierno andorrano. Precisamente el gobierno andorrano participará en este juicio en calidad de acusador particular a pesar de que todas las defensas presentaron como cuestión previa un alegato conjunto pidiendo la falta de legitimidad del ejecutivo para sentarse en el banquillo de los acusados. El tribunal de Corts, rechazó estos alegatos.

Blanqueo o no

El consejo judicial andorrano ha alquilado el salón de actos de Pradas Casadets a su propietario que es el Consejo de Seguridad Social de Andorra por unos 30 mil euros. Se ha habilitado un escenario específico para albergar al tribunal, -dirigido por el juez leridano, Josep Maria Pijoán-, a las defensas, las acusaciones y a los 25 imputados.

El fiscal acusa a todos ellos de un delito continuado de blanqueo de capitales con el agravante de utilización de entidad bancaria y de continuidad.

¿Compensar era delito?

El juicio versará, fundamentalmente, sobre una cuestión: ¿Eran delito en Andorra las llamadas “operaciones de compensación” por las que muchos ciudadanos, la mayoría españoles, blanquearon su dinero no declarado al fisco en el país en el que residían?. Esa es la cuestión. Los juristas consultados concluyen que no, no puede ser delito una práctica avalada por el INAF (órgano de control bancario andorrano) y extendida en todas las entidades de ahorro.

La instrucción judicial que ha dirigido la juez Canolic Mignorance no ha acreditado que ni uno solo de los imputados cobrara comisión alguna por participar en estas mecánicas financieras que ahora sí, y de forma expresa, están prohibidas en Andorra.

 

 

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