Sale en libertad 'Nanysex', el pederasta que abusó de bebés y grabó las agresiones
Álvaro Iglesias, conocido en los foros de internet como ‘Nanysex’, ha quedado en libertad tras cumplir de forma íntegra su condena. Su historial delictivo y la brutalidad de los hechos por los que fue condenado le sitúan entre los agresores sexuales de menores más peligrosos que ha conocido nuestro país. A pesar del rechazo social, la ley no contempla ya ninguna medida de control sobre él.
Ni pulsera telemática, ni vigilancia. Nada.
Ha cumplido su tiempo, pero el debate que deja tras de sí es demoledor: ¿puede un sistema legal quedarse tan corto cuando se trata de proteger a los más vulnerables?
El horror tras la apariencia de un canguro simpático
Durante años, Iglesias se ganó la confianza de varias familias a través de anuncios en prensa e internet. Se ofrecía como canguro a domicilio, con experiencia en educación infantil y conocimientos de informática. Decía dar clases a niños pequeños mientras los padres trabajaban.
Y mientras tanto, abusaba de bebés de entre 1 y 3 años, los grababa y compartía las imágenes en foros pedófilos. Su actividad quedó al descubierto en 2006, cuando fue detenido tras una investigación que acabó con la desarticulación de una red de abusos sexuales a menores.
En el juicio, celebrado en 2008, el relato de los expertos forenses y las pruebas gráficas provocaron un estremecimiento general. Uno de los padres de las víctimas, de hecho, no pudo contenerse y agredió a Iglesias durante la vista oral. Nadie le justificó, pero muchos lo entendieron.
La sentencia fue demoledora. En primera instancia, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a 58 años de prisión. Después, el Tribunal Supremo redujo la pena a 44 años y medio, considerando que la agravante de abuso de confianza había sido aplicada de forma indebida. Aun así, se le consideró culpable de varios delitos continuados de abuso sexual y corrupción de menores, algunos de ellos con víctimas de apenas doce meses.
Cumplimiento íntegro… ¿y después?
Tras casi dos décadas entre rejas, ha salido de prisión sin medidas complementarias. Ningún juez puede imponerle vigilancia posterior. No tiene obligaciones judiciales ni restricciones de movimientos. Podrá vivir donde quiera, incluso cerca de colegios o guarderías, porque el marco legal actual lo permite.
Además, varios funcionarios de prisiones denunciaron en su día que, durante su estancia en el Centro de Inserción Social de Alcalá, Iglesias seguía accediendo a contenidos de pornografía infantil desde los equipos del centro. No hubo consecuencias penales. Tampoco administrativas.
El pederasta conocido como "Nanysex", considerado el mayor violador de bebés en España, ha salido definitivamente de prisión tras cumplir la pena máxima permitida. Durante su estancia en tercer grado, continuó consumiendo pornografía infantil en el centro de inserción social.
— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) May 19, 2025
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Su regreso a las calles reabre heridas y plantea muchas preguntas.
Desde asociaciones en defensa de la infancia como ANAR o Fundación Vicki Bernadet, insisten en lo mismo: la legislación española necesita mecanismos de control pospenitenciario, especialmente para reincidentes o personas que han cometido delitos con víctimas tan vulnerables.
Se ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de aplicar lo que se conoce como “libertad vigilada prolongada”, pero hasta hoy, este tipo de medidas no se extienden más allá de ciertos supuestos muy concretos.
Y es que, por brutal que parezca, alguien que abusó de bebés, los grabó, compartió las imágenes y se jactaba de que nunca había «tenido sexo con alguien mayor de 36 meses» hoy puede empezar de cero como si nada.
Desde estas organizaciones de protección a la infancia se piden reformas legislativas urgentes. No para castigar de nuevo, sino para prevenir. Para proteger.
“Esto no va de venganza, va de seguridad”, decía esta semana un portavoz de una fundación dedicada a la defensa del menor. “No es aceptable que la sociedad quede indefensa una vez alguien así recobra la libertad.”
Un sistema con lagunas preocupantes
España no contempla, salvo excepciones, medidas posteriores al cumplimiento de una condena penal, por muy graves que hayan sido los delitos. Solo en ciertos casos, con informes psicológicos previos, se imponen controles posteriores.Y este no fue uno de esos casos.
No es un fallo puntual. Es una laguna estructural. Una que podría dejar desprotegidas a nuevas víctimas. Porque, aunque haya cumplido su pena, el riesgo de reincidencia en los delitos sexuales no es una simple suposición. Es una realidad avalada por estudios.
¿Por qué no existe un registro público? ¿Por qué no se exige tratamiento posterior o un informe de adaptación social? ¿Por qué los padres no tienen derecho a saber si alguien con ese historial vive cerca?
Silencio institucional
Ningún organismo ha ofrecido detalles sobre su paradero. Tampoco si ha seguido algún programa de reinserción. Se desconoce si ha recibido atención psicológica adecuada.
Solo se sabe que ha salido. Y que lo ha hecho sin medidas complementarias.
Mientras tanto, muchos padres miran con recelo sus barrios. Algunos incluso han creado grupos en redes sociales para intentar compartir información. Otros, simplemente, conviven con el miedo. Ese miedo que solo aparece cuando el sistema no está preparado.
Una sociedad con memoria… y exigencias
Este caso ha dejado un poso de desconfianza en el sistema. Y una sensación de abandono. Porque si algo se ha demostrado, es que la sociedad no olvida tan fácilmente.
La libertad no borra el daño causado. Tampoco repara el sufrimiento de las víctimas.
Y aunque la justicia diga que ha cumplido su condena, el debate no está cerrado. Porque no se trata solo de él. Se trata de cómo protegemos, como país, a los más vulnerables. De si preferimos mirar hacia otro lado… o aprender de lo que no puede repetirse.
