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La Fiscalía denuncia trato vejatorio y deficiencias en un centro de acogida para víctimas de violencia de género en Madrid

Varias mujeres y extrabajadoras relatan episodios de maltrato psicológico, amenazas y condiciones precarias en el centro, gestionado por una entidad sin ánimo de lucro

La Fiscalía de Alcalá de Henares ha interpuesto una denuncia en los juzgados de Arganda por presuntas irregularidades en el funcionamiento y trato discriminatorio en uno de los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid. El recurso forma parte de la Red Integral contra la Violencia de Género y está gestionado por la asociación sin ánimo de lucro Centro Trama.

La denuncia parte de una acción colectiva presentada por víctimas y extrabajadoras del centro, cuya ubicación se mantiene en secreto por seguridad. Entre las acusaciones se mencionan vejaciones, amenazas, coacciones y negligencias graves, incluyendo el caso de un bebé deshidratado al que se le habría negado agua para evitar cambiarle pañales.

"Pasamos del miedo a nuestros agresores al miedo a quienes debían ayudarnos"

Los testimonios, describen un ambiente de miedo y hostilidad en el centro: habitaciones en mal estado, comida deficiente, prohibición de dar juguetes a los hijos, y amenazas con la retirada de ayudas o incluso la custodia.

"Pasamos de tener miedo a unos hombres a tenérselo a quienes debían ayudarnos", declara una de las víctimas.
"Me impidieron comprarme una colcha en invierno. Mi hijo tuvo neumonía", relata otra.
"Aquí no vengas a hacerte la víctima", "trágate lo que has vomitado" o "te voy a quitar a tus hijos", son algunas de las frases recogidas en la denuncia.

Una mujer llegó incluso a contactar con su maltratador para que la recogiera, ante el clima de presión que vivía en el recurso.

Investigación interna y archivo de la Fiscalía

Tras recibir las quejas, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid abrió un expediente informativo y trasladó el caso a la Fiscalía. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha insistido en que fue la propia administración quien puso en marcha el proceso.

El 19 de mayo, la Fiscalía archivó el caso al no observar indicios de delito, según ha informado la Comunidad de Madrid. A pesar del archivo, la Consejería ha anunciado que mantiene abierta una investigación interna y enviará a la Inspección al centro para recabar más información. "Si se confirma la mala praxis, la entidad tendrá que responder", ha subrayado el consejero.

Más Madrid pide explicaciones y medidas

El grupo parlamentario Más Madrid ha enviado una carta a la directora general de la Mujer, Patricia Reyes, exigiendo información sobre las actuaciones llevadas a cabo, la posible apertura de un expediente sancionador a la entidad gestora, y el futuro de la dirección del centro.

También han reclamado que comparezcan en la Asamblea de Madrid tanto la consejera de Familia, Ana Dávila, como Patricia Reyes, para dar explicaciones sobre la causa judicial, las investigaciones abiertas y por qué la entidad gestora sigue recibiendo fondos públicos.

La denuncia fue inicialmente promovida por una asociación de mujeres de Vallecas, que alertó a la Dirección General de la Mujer de presuntos tratos vejatorios a las residentes. Desde entonces, varias afectadas han decidido romper su silencio, aunque muchas piden conservar el anonimato por miedo.

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