Sarkozy se hace el sordo
Los llamamientos sindicales a la huelga no dejan al margen prácticamente ningún sector de la economía, extendiéndose también a la administración publica dado que el gobierno presidido por François Fillon ya ha avisado que no dará marcha atrás en su propósito de sólo mantener uno de cada dos puestos liberados por los funcionarios que se jubilan.
Lo más insólito, por lo menos en Francia -donde no existe la misma cultura de la unión de acción sindical que se practica en España-, es que en esta ocasión como el 29 de enero, todos los grandes sindicatos (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, FSU...) están unidos en contra de Nicolas Sarkozy.
Y lo mismo ocurre en el seno de la sociedad. Según los últimos sondeos, tres de cada cuatro franceses están a favor de la jornada de paro y de manifestaciones, al margen de sus referencias políticas y ideológicas.
Tanto es así que el 55% de los simpatizantes de los partidos de la mayoría presidencial están dispuestos a hacer huelga o a bajar a la calle, lo mismo que el 75% de los cuadros superiores, que en esta ocasión están dispuestos a compartir las mismas angustias de los trabajadores de base.
La prensa gala ya lo advirtió tras la jornada del 29 de enero: Sarkozy aún no se ha dado cuenta de que hay un "incendio social" en Francia.
Prueba de ello es que el presidente francés ha avisado a los sindicatos y a la población que, independientemente del nivel de éxito o de fracaso que tenga la jornada de paro y de movilización nacional, no piensa convocar una “cumbre social” como la que tuvo lugar el 18 de febrero en el Palacio del Eliseo.
Aquel día, Sarkozy no tuvo más remedio que hacer algunas concesiones a los dirigentes sindicales, aceptando, por ejemplo, que unos 6 millones de hogares modestos – aquellos con ingresos situados entre 5.850 y 11.670 euros-, recuperasen las dos terceras partes del IR (impuesto sobre la renta) del 2008, con un coste de 1.100 millones de euros para las arcas del Estado.
Pese a no dar su brazo a torcer, manteniendo que lo prioritario a día de hoy es ayudar a las bancos y al sector productivo, y no el fomentar el consumo a través del incremento del poder de compra, con lo cual solo se incrementaría el déficit y los desequilibrios exteriores sin beneficios claros para la economía ni para el empleo, lo que hizo Sarkozy el 18 de febrero fue también crear un nuevo Fondo de Inversión Social (FIS), dotado con 1.400 millones de euros.
Los sindicatos se quedaran de piedra: esperaban al menos 10.000 millones de euros, frente a los 26.000 millones movilizados para las empresas y los 360.000 millones reservados a los bancos.
¿Y ahora qué? Pues, más de lo mismo: Sarkozy, el primer ministro François Fillon y la responsable de la economía Christine Lagarde han declarado al unísono que todo lo que se podía hacer a favor del consumo ya se ha hecho, descartando nuevas concesiones a los sindicatos.
Precisamente es esto lo que ellos denuncian como una clara manifestación del "dogmatismo sarkoziano": además de ayudar sobretodo a las empresas y a las bancos, lo prioritario para el gobierno es mantener el déficit presupuestario en limites tolerables -del 5,6% este año y del 5,2% el próximo-, mientras la deuda exterior ya casi alcanza el 80% del PIB.
Lo malo, es que la mecha del "incendio social" ya esta encendida, o al menos eso denuncian los sindicatos, que achacan a la "sinrazón" de la política económica y social del gobierno conservador la culpa principal de acciones radicales como las protagonizadas estos últimos días en empresas como Sony France y Continental, donde, tras el anuncio de despidos masivos, sus máximos dirigentes fueron tomados como "rehenes" o tuvieron que huir ante la ira de los trabajadores.
Ya lo dijo algún periódico galo: capeando el temporal con autoritarismo, Sarkozy recuerda ya a los malos monarcas del antiguo régimen que fueron víctimas de la cólera popular.
Una cólera que no hará más que crecer ante los últimos "éxitos" reivindicados por el gobierno. Sobretodo el relacionado como el "bouclier fiscal", aprobado el verano del 2007, y según el cual ningún francés pagará en impuestos directos más del 50% de sus ingresos anuales, en vez de la barra del 60% colocada en el 2005.
Según Christine Lagarde, el coste que esta reforma sarkoziana tuvo para el Estado en el 2008 fue sólo de unos 450 millones, aunque fue algo que obró en provecho de unos 14.000 "contribuyentes ricos" (aunque las dos terceras partes declarasen menos de 13.000 euros de ingresos), los cuales obtuvieron con la reforma un beneficio medio de 33.000 euros.
Hasta en los círculos de la derecha se levantan voces criticas contre el "bouclier fiscal", cuya "suspensión" es reclamada, por ejemplo, por el ex-primer ministro Villepin, según el cual lo que convendría hacer en estos momentos de crisis y de paro crecientes, debería ser volver provisionalmente al antiguo bouclier fiscal del 60% y reponer, además, el tramo superior del IR en el 45%.
"Hay que enviar a la población una señal clara de que hay una justicia social en la distribución de los esfuerzos contra la crisis y contra el paro", defiende Villepin substancialmente.
Sin embargo, Sarkozy ya ha contestado que no fue electo presidente "para aumentar los impuestos".
