Bruselas deberá aclarar por qué no registró los mensajes sobre la compra de vacunas a Pfizer
El fallo constituye un golpe a la política de transparencia institucional y obliga a Bruselas a ofrecer una explicación más completa. Pero, ¿de qué tratan los mensajes que Bruselas no quiere mostrar?
Una investigación periodística destapó el posible intercambio
La polémica se remonta a 2023, cuando la periodista del New York Times, Martina Stevis, solicitó formalmente acceso a los mensajes que Von der Leyen habría intercambiado con Bourla en el marco de los contratos millonarios de vacunas. La existencia de esos intercambios fue revelada por el propio directivo farmacéutico en 2021.
Sin embargo, la Comisión alegó que no disponía de esos mensajes, que eran "efímeros" y que su contenido no era suficientemente relevante como para ser registrado como documento oficial.
El Tribunal, tras analizar el caso, ha determinado que Bruselas no justificó adecuadamente su postura y que se basó en argumentos inconsistentes o cambiantes. “Los servicios comunitarios no ofrecieron una explicación plausible sobre la inexistencia de los documentos solicitados”, señala la sentencia.
¿Por qué esta sentencia es tan relevante?
La decisión judicial refuerza el derecho de los ciudadanos y periodistas a acceder a la información pública, incluso si esta se encuentra en formatos no tradicionales como mensajes de texto.
La Defensora del Pueblo Europea ya había advertido que la forma del documento no debe ser un obstáculo para la transparencia. Según su criterio, si el contenido tiene relevancia administrativa, debe conservarse y estar accesible.
“Cuando se trata del derecho de acceso a documentos, es el contenido lo que importa, no el soporte”, insistió en 2022.
¿Qué debe hacer ahora la Comisión Europea?
A raíz de la sentencia, la Comisión deberá emitir una nueva decisión que explique de forma detallada por qué no conserva los mensajes. Además, tendrá que aclarar los criterios utilizados para determinar su supuesta irrelevancia, así como revisar sus procedimientos internos sobre el registro de comunicaciones.
El caso también plantea interrogantes institucionales, como la responsabilidad de los altos cargos europeos para documentar sus gestiones y preservar las comunicaciones, incluso si se realizan por canales informales como SMS o WhatsApp.
Bruselas reacciona con cautela, pero sin autocrítica
En un breve comunicado oficial, la Comisión ha dicho que “toma nota de la sentencia” y que estudiará sus implicaciones legales antes de decidir sus próximos pasos.
“La transparencia ha sido siempre de máxima importancia para la Comisión y la presidenta Von der Leyen”, asegura la nota.
Sin embargo, el silencio sobre si los mensajes existieron realmente y quién tuvo acceso a ellos antes de ser supuestamente eliminados sigue alimentando las sospechas.
Más allá del contenido de los mensajes, la sentencia defiende el principio de responsabilidad institucional: todo lo que tenga impacto en el interés público debe estar documentado y disponible.
Transparencia, integridad y memoria administrativa son esenciales para preservar la legitimidad de las decisiones europeas.
