jueves 21/10/21
PERSONAS SIN RECURSOS

Los entierros sociales aumentan un 50%

El Instituto Anatómico Forense da por superado el colapso sufrido en 2014 al disparar la crisis el número de cuerpos en espera de ser inhumados

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Entierros sociales. | Foto de archivo.

Los entierros de carácter social, aquellos sufragados por las instituciones para hacerse cargo de la inhumación de personas sin recursos, sin familia o cuya filiación se desconoce, se han disparado un 50% durante los últimos dos años. Según las cifras facilitadas por el Instituto Anatómico Forense, en 2013 el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid recurrieron a esta figura para facilitar servicios funerarios de este tipo a 30 personas. En el año 2015 esa cifra ha aumentado hasta los 45.

Atrás queda la saturación que sufrieron las cámaras frigoríficas del Instituto Anatómico Forense allá por 2014. Un problema del que se hicieron eco muchos medios de comunicación y que llevó al Ayuntamiento de Madrid a hacer "una nueva lectura", según explica un portavoz del consistorio, de la normativa vigente. El objetivo era, aseguran las fuentes municipales consultadas, dotar de "más flexibilidad" a los requisitos para acceder a un entierro de carácter social.

De este modo, el nuevo decreto municipal incluyó dentro de los beneficiarios de los servicios funerarios de carácter excepcional a aquellas personas consideradas casos de emergencia social, como es el caso de las fallecidas en el municipio de Madrid e identificadas judicialmente. Situaciones en las que no siempre es posible verificar de manera fehaciente que se cumplan los requisitos establecidos en las normas.

En su cómputo anual, al cierre de 2015 se habían registrado 45 entierros sociales, de los cuales 30 fueron financiados por el Ayuntamiento de Madrid, 11 por la Comunidad y 4 por Ayuntamientos de la periferia. El desglose de los datos muestra, además, que de ellos 36 eran casos de personas cuyos familiares no habían sido localizados. Los 9 restantes correspondían a personas cuyos familiares no se hicieron cargo de la inhumación. Una decisión a la que se ven abocadas muchas familias sin recursos para afrontar el elevado coste que supone un enterramiento o de una incineración.

Tanatorio, ferétro, coche fúnebre, flores, son algunos de los elementos que componen el 'pack' de defunción. El coste medio de un funeral en España es de unos 3.500 euros, según las estimaciones de las aseguradoras y organizaciones de consumidores. No obstante, depende de si se opta por incineración o inhumación en nicho, de si se dispone o no de seguro, de la ciudad, etcétera. Barcelona es la ciudad más cara, con un coste que ronda los 6.500 euros. En todos los casos, un negocio que mueve millones de euros en nuestro país.

Entierros sociales y requisitos

Los entierros sociales son servicios funerarios sin coste para el beneficiario ni para sus familiares, que el Ayuntamiento de Madrid ofrece a aquellas personas fallecidas que carecen de medios económicos para hacer frente a los gastos. Además, es preceptivo que los familiares del finado -que están obligados al pago- tampoco cuenten con los recursos necesarios para sufragarlo.

Según la normativa vigente, en el municipio de Madrid los entierros sociales se conceden sólo cuando la persona fallecida reúne algunas de estas circunstancias: su identidad es desconocida o, si se conoce, debe estar empadronado en la capital o no constar su empadronamiento en otro municipio del territorio nacional, no contar con medios económicos ni el fallecido ni la familia y que los gastos no estén cubiertos por cofradías, empresas o entidades aseguradoras.

Hasta el año 2010, el Ayuntamiento de Madrid era quien se hacía cargo de proporcionar estos servicios gratuitos. De hecho, el Consistorio se hacía cargo hasta esa fecha del 100% de los cadáveres que ingresaban en el Instituto Anatómico Forense en dicha situación. No obstante, a partir de ese año la crisis y los consiguientes de financiación que sufrieron las instituciones públicas obligaron a renunciar a determinados gastos y la situación cambió.

Crisis y bloqueo del Anatómico Forense

El estallido de la peor crisis desde la posguerra mundial disparó también el número de hogares madrileños cuya situación económica no permitía dar un entierro digno al familiar fallecido y aumentaron los casos en los que las familias no se hacían cargo. A eso se sumó el repunte en el número de cadáveres sin documentación y no reclamados por familiares, circunstancias que impedían su identificación.

El Ayuntamiento de Madrid, en la tesitura de tener que asumir tantos costes, renunció entre 2011 y 2012 a enterrar 67 cuerpos. El consistorio llegó a dejar fuera de cobertura, incluso, a aquellos cuerpos en circunstancias especiales, como los restos de imposible identificación.

Ese cúmulo de circunstancias condujo en 2014 a una situación de bloqueo en el Anatómico Forense. El Instituto tuvo que destinar un gran número de cámaras frigoríficas a albergar cuerpos que estaban a la espera de una respuesta por parte del Consistorio. De 19 cuerpos susceptibles de acogerse a los servicios funerarios sociales, ese año el Ayuntamiento sólo se hizo cargo de 2, según detallaba un informe emitido por la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, denunciando la situación.

“La responsabilidad del Anatómico Forense únicamente es la de la práctica de la autopsia y no la de albergar en sus instalaciones, destinadas exclusivamente a labores médicas y de investigación, los cadáveres de manera indefinida sin ninguna causa judicial o científica que lo motive. No es un depósito de cadáveres.” explicaba el dictamen.

A día de hoy, tal situación ha sido solventada. Según informa la Comunidad de Madrid, no hay ningún cuerpo pendiente de servicio funerario social en el Anatómico Forense, tan solo 9 en tramitación. Según fuentes del Ejecutivo que preside Cristina Cifuentes, cuando la persona fallecida no reúne los requisitos exigidos por los ayuntamientos para entierro social, es la Dirección General de Justicia y Seguridad de la Comunidad de Madrid quien se encarga de esos casos. En el año 2015 fueron 11 los cuerpos inhumados por el Gobierno regional.

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