La defensa de Ibarretxe: "Queremos demostrar que la actuación de todos fue legítima"
Juan José Ibarretxe, López y Ares están acusados de haber actuado como presuntos "cooperadores necesarios" para la comisión del delito de desobediencia que se imputa a los representantes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Rufino Etxeberria y Olatz Dañobeitia, por haber desobedecido supuestamente la sentencia de ilegalización de Batasuna que dictó el Tribunal Supremo en el 2003.
El alto tribunal vasco deberá resolver si los encuentros que mantuvieron tanto el lehendakari como los dirigentes socialistas con sendas delegaciones de la izquierda abertzale encabezadas por Otegi, en el año 2006 durante el último alto fuego de ETA, vulneraron dicha resolución que apartaba a Batasuna de la vida política vasca.
En las cuestiones previas al desarrollo del juicio, el abogado de Ibarretxe, Mikel Casas, ha anunciado que retiraba la cuestión que había planteado y que reclamaba la suspensión de la vista oral. El letrado ha argumentado que "la pena de banquillo que ha soportado" el lehendakari y el resto de imputados en estos dos años y ocho meses desde que se inició el procedimiento es "más que suficiente para que intentemos y demostremos que nos asiste la razón" y, por lo tanto, prefiere que se desarrolle el juicio para que haya una sentencia en que así se refleje.
Ha enumerado las "numerosas ocasiones" en que podía haberse anulado este procedimiento y no se hizo, por lo cual, llegados a este punto, el abogado ha estimado que el juicio permitirá "entrar en el fondo del asunto y demostrar la inocencia del lehendakari y de todos ellos" y que no hubo delito porque Ibarretxe actuó de manera legítima con el objetivo de "dar un paso adelante en la búsqueda de la paz".
Según ha dicho, Ibarretxe "hizo lo que tenía que hacer" como máximo responsable del País Vasco, ya que una resolución del Parlamento vasco le instaba a actuar para promover el diálogo encaminado a la normalización política y a que fuera "agente activo en la búsqueda de la paz".
Por su parte, la Fiscalía y las defensas de los dirigentes del PSE y de Batasuna han exigido al Tribunal que suspenda la vista oral porque la causa no se puede sostener únicamente sobre la petición de la acusación popular, dado que no existe acusación particular en este caso y el Ministerio público ha mantenido desde la fase de instrucción que no hubo delito en aquellos encuentros.
La Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, María Angeles Montes, pidió hoy al Tribunal que juzga al lehendakari, Juan José Ibarretxe, a los representantes del PSE-EE Patxi López y Rodolfo Ares, y a cinco miembros de la izquierda abertzale, entre ellos, Arnaldo Otegi, por mantener reuniones estando Batasuna ilegalizada, que dicte sentencia "poniendo fin a la presente causa por supuesta desobediencia por la reuniones con Batasuna".
En los primeros momentos de la vista oral, iniciada esta mañana, Montes planteó una cuestión previa en la que solicitó que se acabe el procedimiento penal al considerar que "tal como el Tribunal Supremo afirmó en la sentencia del caso Botín, si la acusación particular o el Ministerio fiscal no ejercen la acción penal, no puede procederse a la apertura de juicio oral sólo con las acusaciones populares".
Aunque reconoció que, debido al caso Atutxa, se puede producir una contradicción en esta doctrina, manifestó que, a su juicio, la que debe prevalecer es la del caso Botín.
Ibaretxe, los dirigentes del PSE y Batasuna, en bancos separados
El presidente del tribunal que juzgará las reuniones mantenidas durante la tregua de ETA, Manuel Díaz de Rábago, ha ordenado que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, tenga reservado uno de los cuatro banquillos de los acusados, que otro esté ocupado por los dirigentes del PSE-EE Patxi López y Rodolfo Ares y que, separados por el pasillo y repartidos en dos bancos, se sienten los cinco encausados de la izquierda abertzale.
La última palabra, en el Tribunal Supremo
La causa, se archive o no, o finalice con la absolución, esta destinada a que sea finalmente resuelta por el Tribunal Supremo, ya que las acusaciones populares, ejercidas por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, recurrirán al alto tribunal.
Por esos encuentros, el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia piden un año de prisión, además de la inhabilitación, por cada reunión a la que asistió cada uno de los procesados, aunque en el caso de Foro Ermua se aumenta la petición por incluir una tercera reunión de Ibarretxe con Otegi.
Los acusados reivindican que sus reuniones tenían como objetivo terminar con ese conflicto. Patxi López se declaró "absolutamente convencido" de que no serán condenados, ya que "no habrá ningún tribunal que diga que la política no tiene que servir para avanzar en el camino de la paz".
