España pide explicaciones a Venezuela por su supuesta relación con ETA
España solicitó por primera vez a Venezuela la entrega de un miembro de ETA en 1996, cuando pidió formalmente la extradición de Eugenio Barrutiabengoa y Miguel Ángel Aldana Barrena, que habían llegado al país suramericano como "huéspedes vigilados". Las peticiones de extradición han provocado desde entonces diferencias entre Madrid y Caracas, ya que la Justicia venezolana ha denegado varias a lo largo de los últimos años.
Entre los potenciales objetivos apuntados por Velasco se encontraban el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su antecesor, Andrés Pastrana, según el magistrado, que ha procesado por conspiración para cometer atentados terroristas al presunto etarra Arturo Cubillas Fontán y a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar.
"Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entra las FARC y ETA y en especial de Arturo Cubillas Fontán, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país", señala el auto notificado por Velasco.
Cubillas, casado con una ciudadana venezolana que ha ocupado varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, fue nombrado en el 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela. Velasco le señala también como "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC".
Reunión con Raúl Reyes
Cubillas trató de fijar una reunión entre un miembro de ETA y el histórico dirigente de las FARC ya fallecido Raúl Reyes en la primera quincena de enero del 2004, para lo que contactó con otro de los procesados, Rodrigo Granda Escobar, aunque no llegó a realizarse. Como contrapartida a todo ello, dice el juez, ETA se comprometió a localizar en España objetivos de las FARC.
De esta forma, el procesado Vargas, siguiendo las instrucciones de Navarro, se trasladó en dos ocasiones a España para vigilar la embajada colombiana y "controlar los itinerarios" que realizaba el ex presidente del país latinoamericano, Andrés Pastrana, y constató que "no sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA".
Las FARC, añade, pidieron su colaboración además para localizar a la entonces embajadora colombiana en España Noemí Sanín, al ex candidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, al vicepresidente Francisco Santos y otros cargos políticos y militares del país con el fin de "atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la UE".
A dicha lista, señala Velasco, añadieron al ex miembro del Ejército Popular de Liberación (EPL) y también senador ya fallecido, Bernardo Gutiérrez, que participó en las negociaciones para el abandono de las armas de este grupo, al industrial Carlos Ardila Lülle" o, "más recientemente", a Uribe "y a personas que se mueven en torno" a la embajada colombiana".
En la selva de Colombia
El magistrado se declaró competente en diciembre del 2008 para investigar la denuncia que había interpuesto la Fiscalía contra cinco etarras por dar y recibir cursos sobre manejos de explosivos con miembros de las FARC y del Frente de Liberación Bolivariana (FLB) en la selva de Colombia.
Por estos hechos, además de Cubillas, ha procesado a los presuntos etarras José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldua por delitos de tenencias de explosivos, y a José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio por el de colaboración con banda terrorista.
Este delito se lo imputa también a los miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Luciano Martín, Omar Arturo Zabala y a la española Remedios García, a quien Velasco ha citado para tomarle declaración indagatoria el próximo 24 de marzo.
Para todos ellos, excepto para García, detenida en España en julio del 2008 y en libertad bajo fianza desde entonces, el juez ha acordado su busca y captura, para lo que expedirá las correspondientes órdenes internacionales de detención.
