lunes 16.12.2019

Las fusiones, atrancadas

Los conatos de fusiones entre las cajas de ahorros se están empezando a derrumbar como un castillo de naipes. Al menos tres de las parejas más o menos acordadas y convenidas en las últimas semanas han dado marcha atrás y se están replanteando seriamente la conveniencia de seguir adelante. Incluso alguna caja -la de Burgos, por ejemplo- se ha descolgado del proyecto inicial y se ha lanzado a la aventura con otras cajas de ahorros de diferente comunidad autónoma para abordar esa otra fórmula alternativa a las fusiones -las denominadas fusiones "virtuales" o fusiones "frías"- que responden a un grado de compromiso societario menor bajo el nombre legal de SIP. Estas fusiones paralizadas, quizás temporalmente, a lo peor de forma definitiva, responden a disputas de menor cuantía. Por ejemplo, las típicas peleas por ver qué ciudad se queda con la capitalidad de la nueva caja o quien es el mandamás de la entidad resultante. En suma, nimiedades que, desde el punto de vista de los ciudadanos y clientes, y desde luego desde el punto de vista de la calidad del proyecto financiero, son completamente ajenas a la búsqueda del mejor camino para fortalecer el balance y hacer de la suma de entidades algo mejor que la mera agregación de sus integrantes.

El Banco de España nada ha dicho en público del SIP, este artilugio o variante derivada de las fusiones de verdad, pero no ha puesto muy buena cara ni ha dado saltos de alegría. Y, entre tanto, el tiempo avanza, los créditos malos siguen venciendo y muchos de ellos pasando a engrosar el pelotón de las activos incobrables en los balances de las entidades financieras. Está claro que esto se va a convertir en una carrera de resistencia, lo que significa que algunos cadáveres no tardarán en empezar a merodear por las cunetas en el sector financiero.

Naturalmente, como eso no puede suceder (el Gobierno lo impedirá y el Banco de España actuará en consecuencia), lo que puede que veamos pronto es una intensificación de las intervenciones de las autoridades, poniendo freno al peligroso juego de despropósitos en que están embarcadas las entidades, en especial las cajas de ahorros. Hubo un tiempo en que se decía que una de las ventajas de las cajas respecto de los bancos (una de muchas) era la simplicidad de sus procesos de toma de decisión. Una afirmación que no ha resistido el primer soplo de dificultades. Tomar decisiones en una caja de ahorros es hoy bastante más difícil que en un banco, aunque algunos de ellos cuentan con más de un millón de accionistas-propietarios, que se dice pronto. En las cajas mandan pocos, pero cada uno tira en dirección contraria. Y así el sector se ha convertido en ingobernable.

La cosa tiene la importancia que se le quiera dar, pero en las presentes circunstancias, con algunas entidades camino de un estado de seria dificultad para mantenerse a flote, esta dificultad de entendimiento es una auténtica temeridad. Ni qué decir tiene que las crisis de estas entidades, como las de cualquier banco privado, por tratarse de entidades que son depositarias de la confianza del público y del dinero de los ciudadanos, afectan al conjunto de la sociedad y de la economía, razón por la que los Gobiernos intervienen de forma activa, para evitar percances que pueden acarrear serios disgustos al bolsillo del ciudadano. Y todas estas intervenciones para solventar crisis las pagan los ciudadanos con cargo a los impuestos.

La última novedad en el proceloso mundo de la regulación de las cajas de ahorros, aparte la ruptura de varios procesos de fusión, está en la actitud que han amenazado con tomar algunas autonomías para evitar que cajas de su territorio autonómico puedan participar en las denominadas "fusiones virtuales". En decir, varios gobiernos autonómicos han puesto el grito en el cielo porque algunas cajas tratan de tomar atajos con tal de garantizar su viabilidad de la mano de fusiones o acuerdos con otras entidades de diferente autonomía. Se está luchando estos días autonomía por autonomía para que nadie pueda salir del redil. Antes muerto que fusionado con otra caja ajena al corral. Y las fusiones frías o virtuales, los SIP, son una especie de alternativa a una fusión de verdad, en cuya gestación y desarrollo quedaban marginadas las autoridades autonómicas.

De ahí los esfuerzos por deslegitimar, con reformas legales de última hora y a toda prisa, este tipo de fusiones que podrían poner en peligro la fidelidad autonómica de algunas entidades. Dicho de otra forma, batalla política en sentido estricto, que está dejando de lado el verdadero objetivo de las fusiones entre entidades, que es el de reforzar la solvencia de las entidades financieras y su acceso a las ayudas que el Estado les ha ofrecido generosamente pero que no acaban de llegar a los balances sencillamente porque las entidades no se ponen de acuerdo. Al final, el que de momento está pagando la factura de este despropósito colectivo es el cliente de las entidades financieras, el empresario al que no le llega el crédito y el particular que no logra encontrar financiación para una cosa tan loable como es comprarse un piso, ahora que están bajando de precio.

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