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Anómala alarma

La duda que se plantea es patente. Si la prolongación del estado de alarma 27 días más es necesaria para eludir el riesgo cierto de nuevo bloqueo aéreo o si el Gobierno estira el argumento porque considera que haber demostrado su capacidad de decisión ante el desafío le ha proporcionado un gran impulso en una situación de claro desgaste. El Ejecutivo asegura que el riesgo de nuevo chantaje es real, pero no ha explicado en su caso la contumacia de unos controladores ya tocados por las medidas excepcionales y la reprobación general de los ciudadanos, por lo que cabe explorar la segunda hipótesis, la de la prevención, que nos llevaría a concluir que se siente cómodo en la mano dura contra unos “privilegiados”.

El pleno del Congreso discurría en paralelo a la convocatoria de una reunión del Consejo de Ministros en sus dependencias. Y la atención del hemiciclo estaba más en esta segunda cuestión que en los argumentos de sus señorías en la tribuna. Y eso que había, sin duda, asuntos de importancia, como la moción de la diputada de UPyD, Rosa Díez, sobre la posición del Gobierno respecto de la incompatibilidad entre la democracia y el proyecto político de ETA, o la revalidación del nuevo Real Decreto de medidas de ajuste del Gobierno para la reducción adicional del 1,6 por ciento del PIB del déficit público en 2011, salvado por los pelos.

El riesgo para el Gobierno en un momento en el que ha tomado la iniciativa contra la crisis es ampararse en gestos que tienen más de imagen inmediata que de éxito seguro. Para empezar, porque la aprobación de la alarma por primera vez en la democracia sigue concitando dudas en juristas de reconocido prestigio en variadas ideologías, incluso dentro del propio Gobierno, donde se han planteado algunas objeciones desde las áreas de Justicia y de Defensa.

Pero la decisión estaba tomada y aún queda por ver si era necesaria. De entrada, conlleva la asunción de una cierta impotencia de abordar el problema de los controladores desde la legislación laboral. De nada vale que el ministro del ramo insista en los privilegios de los controladores en una reiteración innecesaria a pocas semanas de la próxima negociación, ni en la responsabilidad compartida en el conflicto con todos sus antecesores en la cartera y en los diversos gobiernos. No toca ahora invocar a otros. Él es el ministro.

Por que el que una medida fuera recibida con aceptación por la ciudadanía, y por la mayor parte de la representación política, en un momento de alarma en España por la paralización real del espacio aéreo, no lleva a concluir que lo sea cuando no se percibe tal situación.

Chelo Aparicio

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