viernes 3/12/21

Entre decir y hacer...

Un veterano dirigente socialista, de esos que ahora se llaman, o les llaman, Antiguo Testamento, sostenía en sus tiempos de poder que el Gobierno "debe hacer lo que conviene y decir lo que le conviene". La verdad es que aplicar semejante filosofía no les fue bien ni a él ni al partido y quizá por eso ya no piensa lo mismo, aunque quienes ahora mandan parece que sí.

Hay que reconocer que toda subida de impuestos es difícil de vender, pero se puede plantear mejor... o peor. Y en la que el pasado sábado decidió el Gobierno se han dado casi todos los ingredientes para concluir que resultaría muy difícil empeorar la estrategia elegida de comunicación. Al final se ha confirmado la mayoría de previsiones formuladas externamente de inicio, varias veces negadas, desmentidas, matizadas e incluso desautorizadas por significados miembros del estamento gubernamental. En concreto, los primeros temores de que se estaba preparando una subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) hasta merecieron un comunicado negando tal posibilidad.

También como cualquier otra cosa, el modo escogido para tratar de incrementar la recaudación fiscal es discutible y se puede pensar u opinar que existen mejores formas de alcanzar el objetivo. Algo que, en puridad, exige que el Ejecutivo exponga, razone y clarifique por qué ha elegido esta opción, y no otras, con el debido respeto a quienes discrepen; por ejemplo, evitando recurrir al latiguillo pestilente de atribuir a los disconformes el deseo de restringir el gasto social.

Lamentablemente, al menos hasta la fecha, las cosas no discurren por la senda deseable, sino todo lo contrario: a lo largo de los últimos meses, el Gobierno no ha hecho otra cosa que sembrar confusión y, en ocasiones, incluso ocultado la verdad.

Del populista y demagógico "que paguen los ricos" se ha pasado a la evidencia de sobrecargar fiscalmente a toda la sociedad. O de "aumentos parciales y temporales" de la fiscalidad se ha desembocado en un retoque al alza de prácticamente todos los impuestos, sin ningún horizonte de caducidad. Todo, con cinismos tan palpables como haber presentado la devolución de los 400 euros como una rebaja de la tributación por renta -campaña electoral del 2008- y afirmado ahora -rueda de prensa, el sábado- que el IRPF no aumenta con su supresión. Eso, por no mencionar que el presidente Rodríguez Zapatero y su equipo económico han pasado, en apenas 24 horas, de suscribir enfáticamente el compromiso del G 20 (+2) de no retirar los estímulos fiscales antes de tiempo, a aplicar un drenaje tributario sin precedentes en las tres últimas décadas... cuando la economía española persiste en recesión.

Son muchos los inclinados a considerar que subir impuestos en este preciso momento es inoportuno y hasta peligroso; en realidad, tal opinión se acerca a la unanimidad. Pero tampoco hay garantía de que los cambios tributaros introducidos en el proyecto de ley de Presupuestos vayan a generar el aumento de recaudación esperado, visto cómo están evolucionando los ingresos fiscales en los ocho meses contabilizados del 2009. O que, incluso lográndolo, esos 6.500 millones de euros calculados como añadido a la caja de Hacienda sirvan para algo más que maquillar un déficit desbocado, buena parte del cual se ha generado a partir de medidas discrecionales de gasto adoptadas por el Gobierno, varias de ellas de dudosa efectividad.

No deja de resultar un tanto triste la propensión a obviar que la sociedad no suele creer lo que no es creíble, por mucho empeño que se ponga en declarar tozudamente que las cosas no son lo que parece que son. Pretender convencer ahora de que pagar más impuestos es bueno, con el mismo énfasis con que no hace demasiado se proclamaba que bajarlos era lo más progresista en materia social, no es algo que se pueda digerir. Suena a puro grouchismo: "éstos son nuestros principios, pero cuando hace falta tenemos otros".

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