lunes 16.12.2019

La austeridad como espectáculo

El presidente Rodríguez Zapatero anunció pomposamente -fin de semana- la inminente puesta en marcha de un plan para reducir el consumo energético de un par de millares de edificios públicos... pero no es seguro que le hayan pasado los números bien. Lo cierto es que este tipo de proclamas no ocurre por primera vez: más que ahorrar, da la sensación que los políticos persiguen impresionar.

Parece que los cálculos gubernamentales cifran en 3.000 millones de euros anuales lo que las administraciones van a ahorrar en luz, con una reducción de consumo que calculan en torno al 20 por 100. Tomando estos parámetros como referencia, resultaría que el gasto en electricidad de las arcas públicas ronda los 15.000 millones de euros por ejercicio, bastante más de la mitad de la facturación total de las tres principales compañías eléctricas del país. Es decir, una barbaridad que sería difícil justificar. Cabe deducir que se ha deslizado alguna equivocación y, en consecuencia, el ahorro efectivo será bastante menos espectacular.

No son mejores los cálculos manejados cada vez que se anuncia o pide una reducción de departamentos o ministerios en determinada administración. Más de un gobernante autonómico ha recortado el número de consejerías; ayer mismo decidió hacerlo el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán. Y el Congreso de los Diputados aprobó una moción, no hace mucho, instando la supresión de dos o tres ministerios en el Ejecutivo central. Pero cuando se hace resulta que va poco más allá de refundir áreas, reasignar competencias y apenas rebajar el coste global de la administración. Tampoco aquí los números que se manejan son los que en realidad son.

Dejando al margen cifras concretas, la realidad es que los sucesivos anuncios de planes y compromisos de austeridad, a cargo de distintos responsables políticos, chocan frontalmente con el creciente descuadre presupuestario, fruto no sólo de la caída de los ingresos, sino también de aumentos de gasto que con frecuencia discurren algo por encima del crecimiento nominal de la economía. En el mejor de los casos, gastan igual. Y no se trata de partidas en mayor o menor medida asociadas a la coyuntura, tal que las prestaciones por desempleo o el dispendio sanitario, sino en otras que van desde la nómina -creciente- de funcionarios a lo demás.

Como en tantas otras cosas, la dinámica instalada se asemeja al estéril ¡tú más! El Gobierno central y varios autonómicos están enzarzados en una disputa dialéctica para determinar quién contribuye más al déficit y le corresponde recortar en primer lugar. Mientras, nadie da pasos más allá de la estética, la propaganda o similar.

No hace falta insistir: entre otras cosas, supone un agravio para todos aquellos ciudadanos y empresas que llevan tiempo obligados a suprimir gastos por pura y estricta necesidad. No sólo es que su esfuerzo no tenga correspondencia en el área pública, sino que debe multiplicarse, reduciendo aún más su nivel de consumo... para poder pagar lo que las administraciones no saben o no quieren ahorrar.

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