martes, febrero 7, 2023

Los ERE entran en campaña

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Vale que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, son esclavos de su contundencia verbal en la cruzada contra la corrupción propia y ajena. La propia, en este caso, referida a los cinco aforados socialistas que salen en las coplas en relación con su llamada a declarar ante el Tribunal Supremo por el caso de los ERE andaluces.

Los cinco, entre los que se encuentran los dos anteriores presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido citados a declarar en calidad de imputados, lo cual desvía todas las miradas hacia Sánchez y Díaz, rehenes de la hemeroteca, en la que constan sus palabras previas de que pedirían el acta de parlamentarios a sus compañeros si éstos resultaban imputados. Y ahora todo el mundo pide al líder nacional y a la lideresa andaluza que cumplan lo prometido. Pero ellos recurren a las matizaciones hechas en su día sobre el momento concreto en el que procede exigir la renuncia a los implicados en los ERE. Solo cuando se les impute algún delito. Y entonces los adversarios aprovechan el lance para poner en duda los compromisos socialistas en la limpieza de la vida pública.

Los dos planos del episodio quedan claros. Por un lado tenemos la imprudencia de los dirigentes adquiriendo compromisos que luego eluden en la carrera de los partidos por demostrar cuál de ellos lava más blanco. Por otro, tenemos la cuestión técnica, que consiste en algo tan simple como determinar si el Tribunal Supremo, que es el competente en este caso, está atribuyendo algún tipo de delito a estas cinco personas (tres son diputados y dos son senadores, en la actualidad).

El primero de los planos, la contundencia verbal posteriormente matizada, nos puede llevar a reprobar a Sánchez y Díaz por bocazas. Pero el segundo de los planos, el estrictamente judicial, no nos permite levantar acta de que Chaves, Griñán y compañía estén siquiera bajo sospecha de haber cometido uno o varios presuntos delitos. Porque no es verdad. El Tribunal Supremo no les imputa ningún delito. En estos momentos son «imputados» (participio pasivo) por la juez Alaya, según exposición razonada que la juez envió en agosto al alto tribunal. Y en esa calidad de «imputados», considerada como una garantía procesal y no como un indicio de culpabilidad, les llama a declarar acompañados de abogados a partir de abril.

Tiene razón «técnica» el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, cuando afirma que si el Supremo hubiera apreciado indicios de delito ya habría pedido el correspondiente suplicatorio al las Cortes Generales para poderles juzgar. La razón «política» es otra cosa. Y ese es el debate abierto en vísperas de las elecciones andaluzas en cuya campaña se ha colado el escándalo de los ERE a propósito del umbral a partir del cual deben funcionar los mecanismos de expulsión de un militante o un dirigente implicado en casos de corrupción. Continuará.

Antonio Casado

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