..hizo la trampa». En este refrán tan español es en el que parece sustentar la jueza Alaya su decisión de imponer una fianza civil, de nada menos que 29.568.129 euros, a la ex ministra de Fomento y ex consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez.
Porque, en definitiva, lo que el refrán significa es que, hecha la ley, siempre hay quien se las arregla para eludirla o quebrantarla, o quien incumple, de forma torticera, las normas que él mismo estableció. La jueza parece apoyarse en la idea de que la ex ministra, en compañía de otros, participó en la tramitación de unas modificaciones presupuestarias que facilitaron a gente de su entorno la apropiación indebida de caudales públicos. Y aquí está el «quid» de la cuestión: Si Magdalena Álvarez dicta la norma de buena fe, sin reparar en sus consecuencias, o si lo hace a sabiendas de que se convertía en una puerta por la que iban a entrar a saco los presuntos y múltiples chorizos -unos ya imputados, otros aún no- que desvalijaron el erario público de la Junta.
En el primer supuesto podríamos estar hablando de un error, gordísimo pero error a fin de cuentas.
En el segundo supuesto estaríamos hablando, como mínimo, de prevaricación y malversación.
Pero el caso es que la jueza Alaya, en sus escritos, no deja del todo claro en que basa su acusación y parecen desprenderse de ellos intuiciones más que constataciones. Da la sensación de que, buscando a los responsables últimos, dispara por elevación a quienes redactaron la norma, para cerrar así el círculo de responsabilidades. Aunque, habida cuenta de que fue el parlamento andaluz quien, en última instancia, aprobó la norma en cuestión, debería presuponerse que todos aquellos diputados que la votaron se encontrarían en la misma situación de complicidad que la ex consejera Magdalena Álvarez.
No se puede poner en duda la capacidad de trabajo de esta jueza, ni su valentía al afrontar con mostrada perseverancia y eficacia uno de los episodios más ruines de corrupción política. Por eso debería medir con mucha cautela todos y cada uno de sus pasos, evitando que, como ha ocurrido con otros conocidos jueces, el exceso de celo la hiciera incurrir en errores justificativos de futuras nulidades.
¿Por qué no esperar, por ejemplo, a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resolviera sobre el recurso presentado por Magdalena Álvarez? Cosa que, si ha hecho el Banco Europeo de Inversiones, del que la ex ministra es vicepresidenta.
Victoria Lafora