La corrupción pudre la democracia. Puede arruinar la credibilidad de las instituciones y hasta el buen nombre de un país. La corrupción, sobre todo aquellos casos que quedan sin castigo, desmoralizan a los ciudadanos. La denuncia de la corrupción como el cáncer que mina la confianza en el sistema ocupó una parte sustantiva de la intervención del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el acto de inauguración del Año Judicial. Una sesión presidida por el Rey en flanco con el ministro de Justicia. Acostumbrados como estamos a que este tipo de actos discurran por vías de retórica burocrática, cuando no directamente cortesana, es digno de encomio que Torres-Dulce dijera lo que dijo, cómo lo dijo y en presencia de quienes lo dijo, visto que uno de los casos más escandalosos de los últimos tiempos, el «caso Nòos», o «caso Urdangarin», afecta directamente al yerno del Rey.
La corrupción, sobre todo aquellos casos que quedan sin castigo, desmoralizan a los ciudadanos
El fiscal general denunció la corrupción y el presidente saliente del Consejo General de Poder Judicial (Gonzalo Moliner) reclamó más medios para poder hacer frente al aluvión de trabajo que se acumula en los juzgados. Qué a día de hoy, siglo XXI, todavía no estén unificados los sistemas informáticos con los que operan los juzgados clama al cielo. Visto que en Hacienda y en la Agencia Tributaria sí se ha conseguido, todo hace pensar que semejante carencia es obra de la voluntad de que las cosas de la justicia sigan como están. Y, aunque al decir de sus máximos responsables, van mejorando, es evidente que en orden a dotación de medios materiales estamos muy por detrás de lo razonable.
Es verdad que en nuestra sociedad está muy arraigada la tendencia a litigar, a trasladar al ámbito judicial cualquier conflicto de intereses y, de hecho, uno de los argumentos esgrimidos por el ministro Ruiz-Gallardón para justificar la, por otra parte muy criticada subida de tasas, es su pretendido efecto disuasor, pero, aún así, la acumulación de sumarios y el retaso en la celebración de las vistas obedece a causas más profundas. El último caso sonado, el «chivatazo del Faisán», llega al juicio oral ¡con siete años de retraso!. Otra de las costumbres (malas) que tiene retenida a nuestra administración de justicia en el Mar de los Sargazos, es la judicialización de los casos relacionados con la política. Empantanados y bajo sospecha.
En fin, que el Año Judicial empieza como solía, pero con la pequeña o no tan pequeña novedad de un fiscal general de Estado que no solo habla claro si no que se le entiende todo. Cinéfilo como es, hay que agradecerle que haya asumido con determinación su difícil tarea sabiendo que frente a según que casos y según que poderosos puede que esté solo ante el peligro.
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Fermín Bocos