El 28 de febrero de 1980 es la fecha de mayor relieve en la reciente historia de Andalucía. Ese día el pueblo, convocado en referéndum, aprobó el Estatuto de Autonomía que, equiparando a esta Comunidad con los territorios históricos, pasaba mediante el Artículo 151 de la Constitución a la clase preferente de las regiones españolas con autogobierno en numerosas competencias transferidas entonces y las que a lo largo de treinta años seguirían llegando. La última, la autoridad sobre las costas, ochocientos kilómetros de litoral sureño.
El ejercicio de la autonomía y la experiencia en su administración, que no ha conocido otros gestores que los socialistas, arrojan un discreto balance en cuanto a sus resultados y es claramente positivo en lo que se refiere a las potencialidades de un territorio que representa el 17,3 del total nacional. Andalucía tiene grandes posibilidades de desarrollo, y tanto su clima propicio como sus recursos humanos abonan la teoría de que esta gran región, poblada por más de ocho millones de habitantes, es una reserva de futuro a poco que lleguen las inversiones y los emprendedores crean más en ella. Eso es lo que urge predicar.
Este 28-F, que como cada año se celebra con todos los honores, está ensombrecido para el PSOE por el caso de corrupción de los ERE ilegales y por los pronósticos de las encuestas que, todas a una, dan una formidable victoria al PP en las municipales (22 de mayo próximo) y adelantan la posibilidad de que por primera vez en seis lustros los populares alcancen con mayoría absoluta el Gobierno de la Junta en las autonómicas de la primavera de 2012.
Cuando se ha puesto en cuestión el Estado de las Autonomías y se confunden churras con merinas a la hora del análisis político, conviene recordar que gracias a este nuevo sistema de concepción de la Nación, España es muy diferente a la que nos dejó la dictadura franquista y que buena parte del progreso económico y del bienestar social traen causa del autogobierno de los distintos territorios. Otra cosa es que la mayoría de los estatutos autonómicos precisen de reformas, como la que sufrió en 2006 el andaluz, y que deban revisarse la duplicidad de organismos y la yuxtaposición de funciones entre Estado y autonomías. Y, desde luego, ha de imponerse por ley a todas ellas un techo de gasto, como recientemente ha pedido el gobernador del Banco de España.
Un mayor control del gasto y una más exigente implicación de la Intervención General del Estado hubiesen impedido las tropelías que se han venido cometiendo en la Junta de Andalucía con la incontrolada transferencia de cerca de 700 millones de euros para complementar Expedientes de Regulación de Empleo en empresas con dificultades. A buen seguro, no hubiera sido tan fácil colar en los listados de beneficiarios a personas sin el menor derecho por no haber pertenecido nunca a la plantilla de la compañía en cuestión. Todo un caso de desvergüenza que, ahora en manos de la juez Mercedes Alaya, nos sorprende cada día desde los titulares de los medios de comunicación con nuevos nombres y, por tanto, presuntos delitos que añadir a tan escandaloso sumario.
El espíritu de unidad y concordia entre los andaluces que supone el Estatuto de Autonomía debe ser invocado nuevamente en este 28-F para que reverdezcan las esperanzas de aquel febrero de 1980 cuando el pueblo decidió su futuro y su destino.
Francisco Giménez-Alemán