Los dirigentes territoriales del PSOE se reunieron ayer, después de haberlo solicitado algunos de ellos y de que el presidente Rodríguez Zapatero lo anunciara al final del mes pasado, para tratar de dar impulso y cohesión a un partido en el que se mezclan un cierto refresco tras el cambio de Gobierno y la desolación por las encuestas. El presidente de Castilla La Mancha, que se mostró en su momento activo solicitando un cambio de rumbo, fue el portavoz de la reunión, papel que en otras ocasiones había hecho un secretario general que últimamente mantiene el perfil más bajo de sus dos legislaturas, para insistir en que hace falta tensión y ganar electores desde la política.
Si Rodríguez Zapatero, al anunciar el cónclave de ayer, se había referido a salir en ayuda de los más desfavorecidos, los barones, bien dirigidos por el ministro de Trabajo, se refirieron, más concreta y menos espectacularmente, a las políticas activas de empleo. Algunos comentarios (como el de Barreda sugiriendo a los jóvenes que elijan formarse antes de obtener un puesto de trabajo) se los podían haber ahorrado dado el sangrante paro juvenil que España soporta. Los demás, exigen una concreción y un criterio que aún está por ver. Concreción porque, de momento, sólo sabemos que, gastando lo mismo, quieren gastar mejor. Criterio –y decisión política- porque con las políticas activas de empleo ocurre lo miso que con tantos otros servicios públicos: hay un exceso de burocracia, un solapamiento ineficaz entre administraciones, una falta de capacidad de adecuación a las necesidades cambiantes y una voracidad competencial de las autonomías que nunca tuvo sentido. ¿Se trata ahora de poner orden en vez de transferir competencias como pactos políticos? ¿Se trata de que, en este asunto concreto, todas las comunidades autónomas tengan el mismo nivel y el mismo tipo de transferencias? ¿La coordinación de los procedimientos será el objetivo de la buena voluntad de cada uno o la imposición práctica desde el Gobierno de la nación? No son asuntos menores –ni exclusivos del tema específico de las políticas activas de empleo- y exigen un replanteamiento general de la deriva que han tomado, creciendo exagerada y desordenadamente, nuestras complejas administraciones.
Mientras se concreta y se discute, el problema para el PSOE sigue siendo otro. Barreda reconoció que la cohesión y el entusiasmo (relativo) de los afiliados es condición necesaria pero no suficiente. Para recuperar su posición, el Gobierno debe encarar con eficacia la crisis y conseguir un crecimiento –el único modo real de luchar contra el desempleo- que ni tiene previsto ni nadie espera. Y dar la impresión a los ciudadanos de que se lleva a cabo una política general y coherente para ir resolviendo los problemas, cuya naturaleza fundamental no está precisamente en las políticas de empleo transferidas a las comunidades autónomas. Poner el énfasis en ellas, con el añadido retórico de situarlas en el centro de la política social, es un modo de enmascarar una política que va por otros derroteros.
Germán Yanke