No es tarea fácil la diplomacia, al parecer, porque los intereses se contraponen a veces a lo que se esperaría que defienda un país democrático. La famosa frase norteamericana sobre Noriega (“es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta”) revela muy gráficamente estas contradicciones en la que, casi siempre, ganan los intereses. Los Estados Unidos terminaron deteniendo a Noriega porque ya no era “nuestro” y, aunque el resultado consuele, los motivos dejan que desear. Ya se ve también que se pueden denunciar las vulneraciones de los derechos humanos en cualquier país insignificante pero hay que callar ante China, que nos compra la deuda y es un mercado impresionante.
A la Administración española le pasa algo similar con Marruecos. Es un vecino y un cliente, puede ayudar en la lucha contra la expansión del terrorismo islamista y comprar tecnología y servicios a las empresas españolas. Por similares motivos tiene relaciones preferentes con muchos de nuestros socios occidentales y no se trata de poner todo patas arriba. A veces, en este escenario, por no poner algo patas arriba se soportan humillaciones, vulneraciones de la legislación internacional y la quiebra de los derechos de los ciudadanos en un país tan próximo y tan imbricado con nuestra historia. Sin embargo, no son los principios los que se deben contraponer a los intereses porque aquellos no son otra cosa que las líneas que no deben traspasarse en la consecución de estos.
En el caso del Sáhara, tema de conversación de los ministros de Exteriores de los dos países mientras se presentan en La Moncloa miles de firmas reclamando la defensa de los saharauis, la posición española no puede estar basada en el deseo de no molestar a Rabat. Los fundamentos de la defensa de los saharauis son las resoluciones de la ONU y la propia responsabilidad de España como antigua metrópolis que, además, dejó a la colonia abandonada no a su suerte sino a la de Marruecos. Su autodeterminación debe ser un principio que tendrá que gestionarse con diplomacia y moderación en las formas, pero con rigor en el fondo. Parte de la función que nos corresponde es incidir en la comunidad internacional para que ejerzan adecuadamente ese derecho y no olvidar que los enviados de Naciones Unidas, que tampoco querrán enfadarse con el Rey de Marruecos, han subrayado tanto la escasa voluntad del régimen para aceptar una solución acorde al Derecho Internacional como la incalificable represión de muchos militantes saharauis.
Si la diplomacia responde al tópico de que se dice que si cuando es quizá y quizá cuando es que no, no estará de más que, al menos, en nuestro arbitrario comportamiento en la escena internacional, lo desmintiéramos en aquello que es una responsabilidad histórica con una colonia que otros países, en esto más serios que nosotros, incluyeron incluso en sus textos constitucionales. Que sonría la ministra Jiménez como sabe, pero que no ceda un ápice.
Germán Yanke