Una semana después de la nevada, sigue sin estar claro por qué miles de abonados siguen sin luz. La cosa se ha circunscrito a determinadas comarcas de Girona, pero la falta de una explicación convincente sugiere que pueda pasar en cualquier otro sitio, transmitiendo la sensación de que el suministro eléctrico es una calamidad. Y es que, sin llegar a tanto, sigue siendo habitual en muchos sitios sufrir cortes de fluido, más o menos breves dependiendo del momento, pero en todo caso sin previo aviso ni explicación posterior.
Sin duda, lo de Girona está superando casi todo lo acaecido en los últimos años, pero el escenario posterior se ha configurado como de costumbre: cruce de acusaciones, reproches, excusas y amenazas recíprocos entre administraciones y compañías del sector, con unos consumidores damnificados, impotentes y desconfiados, cuyo único recurso es mostrar cabreo y frustración. La mayoría no sabe a quién debe creer, aunque la tendencia es no dar excesivo crédito a ninguna explicación.
Unos insisten en cargar las culpas sobre las empresas eléctricas, imputándoles dejación, falta de inversiones y ánimo de maximizar sus beneficios, a costa de descuidar el mantenimiento de infraestructuras -líneas y tendidos- y la prestación del servicio con unos mínimos estándares de calidad. Las compañías, en cambio, aseguran estar cumpliendo a rajatabla la normativa que marcan los órganos reguladores, aunque deslizan la idea de que muchas inversiones están paralizadas desde hace años por falta de autorización administrativa, entre otras municipal. Se ha filtrado incluso que haber dispuesto de la tantas veces aplazada línea con Francia hubiese evitado lo que acaba de pasar.
Es muy difícil, al borde de imposible, saber quién tiene razón, aunque de forma intuitiva cabe concluir que todos la tienen en parte, pero ninguno la tiene toda y por tanto nadie se puede considerar exento de responsabilidad.
Lo innegable es que el sector eléctrico está entre los más intervenidos por el Estado, entendido éste como el compendio de todas las administraciones: central, autonómica y municipal. Significa que, por amplia que sea la culpa de las compañías eléctricas, los órganos y entes públicos de regulación, supervisión y tutela no pueden considerarse ajenos al desastre, sencillamente porque no lo son.
Elevar el lamentable episodio de Girona a categoría indicativa del estado real del sector eléctrico español sería, sin duda, una indebida exageración, pero no se puede pasar por alto que, sin llegar a un nivel de gravedad semejante, son muchas y muy frecuentes las incidencias que toca padecer al consumidor; por cierto, lejos de disfrutar en la práctica la teórica libertad de elegir suministrador que presume la liberalización.
Como en tantas otras cosas, existen demasiados síntomas de apaño entre reguladores y regulados. Se acusan e inculpan mucho, pero a la hora de la verdad todo sigue igual: cada cual a lo suyo, pero el consumidor se queda sin luz, tampoco tiene una explicación creíble, todavía menos una excusa… y en absoluto nada parecido a una compensación. Como modelo, no parece ideal.
Enrique Badía