La función de moderación y arbitraje del regular funcionamiento de las instituciones que la Constitución atribuye al Jefe del Estado tiene un carácter residual, fundamentalmente por razón del origen no electivo de la institución monárquica. El escaso recorrido del actual marco constitucional (treinta años, a estos efectos, no son nada) tampoco ha permitido consolidar una tradición efectiva que llene de contenido y al mismo tiempo delimite la tarea que la Carta Magna atribuye al Rey en este ámbito. Lo que queda fuera de toda duda es que dicha función debe siempre desarrollarse dentro del marco político, tanto estructural como coyuntural, aceptado, al menos, por los dos grandes partidos que aglutinan la expresión política y electoral en España. Si el monarca, desde la mejor de sus intenciones, desborda dicho marco y decide actuar tomando como premisa un elemento ajeno a tal consenso, avanza, aún sin quererlo, por la senda partidista, y pasa de la función moderadora incardinada en su auctoritas al puro ejercicio del borboneo, en el sentido en que dicho término fue acuñado para referirse a las peores actuaciones de su abuelo. Y lamentablemente eso es lo que el Rey ha venido haciendo durante los últimos días, a juzgar por lo que comunica su propia Casa, al impulsar y tratar de catalizar un pacto de Estado para afrontar la crisis económica.
En primer lugar porque, según se ha visto, el Jefe del Estado no tenía claro que la conveniencia de dicho pacto fuese un extremo sobre el cual las dos principales fuerzas políticas llamadas a protagonizarlo, es decir, las que vertebran el Gobierno de la nación y la principal estructura de oposición, estuviesen de acuerdo. Y nunca debió deslizarse la institución monárquica por la resbaladiza senda de los contactos preparatorios o promotores de dicho acuerdo global sin antes haber pulsado la predisposición de PSOE y PP a tal entendimiento. Los acontecimientos del fin de semana pasado evidenciaron palmariamente el entusiasmo perfectamente descriptible con que la propuesta fue acogida por ambas formaciones y, consecuentemente, pusieron de manifiesto que dicha exploración previa sobre el ánimo de los partidos, o no se había hecho, o se había hecho francamente mal. El hecho es que el pacto no interesa ni al Gobierno ni a la oposición y -esto ya es una opinión- tampoco es lo que conviene a España.
El PSOE sólo podría aceptar un pacto con el PP que le otorgase una especie de aval genérico y difuso a su política y una cierta garantía de tranquilidad parlamentaria y política; en suma, un balón de oxígeno que probablemente utilizaría para porfiar en la indeterminación que se traduce en inacción. El PP, por su parte, únicamente se avendría a un acuerdo de Estado que contuviese una manifestación explícita de rectificación por parte del Gobierno y, probablemente, ni siquiera en ese caso se sentiría cómodo, ya que se llegaría al absurdo de que un Gobierno del PSOE pusiese en práctica las recetas del PP, entonces ¿quién capitalizaría el éxito de tales políticas o arrostraría las consecuencias de su fracaso?
Pero es que además de no atender a los particulares intereses de ninguno de los partidos, el acuerdo contra la crisis no conviene a España en los términos en que viene invocado. En efecto, todas las referencias habidas a dicho potencial pacto de Estado, desde las declaraciones políticas a las encuestas de opinión, lo identifican desde el principio como un elemento positivo de efecto casi mágico o taumatúrgico para superar la situación de grave crisis económica, pero sin apuntar ni remotamente un guión de posibles contenidos, sino únicamente en función de las bondades del proceso en sí, por aquello de que hablando se entiende la gente. Lo que nuestro país necesita es que el Ejecutivo defina y lleve a cabo una acción de gobierno concreta en materia económica, cosa que no ha hecho hasta la fecha. Y si es posible recabar apoyos y acuerdos de agentes sociales y otras fuerzas políticas, hágase. Y si no resulta viable, utilícense todos los mecanismos que el Gobierno tiene a su disposición para poner en práctica sus decisiones. No hace mucho que el ministro de Fomento ha desarrollado esta línea de actuación para atajar el conflicto de los controladores aéreos. Se puede estar de acuerdo o no con esta decisión y con su aplicación efectiva, pero cuando menos la decisión existe. Si el Gobierno gobierna, podrá equivocarse o no, pero estará cumpliendo con la función para la que fue elegido por el Parlamento. Y si encuentra una feroz crítica por parte de la oposición, al fin y al cabo estarán discutiendo de cuestiones de fondo, no haciendo los ejercicios vacuos de retórica parlamentaria con frustrados intentos de alcanzar el ingenio con que torturan periódicamente a los leones de la Carrera de San Jerónimo. Lo que es seguro es que si ahora comenzamos a negociar el consenso sobre cómo alcanzar un acuerdo y después discutimos la manera de llenar dicho acuerdo de contenido para, finalmente, debatir sobre el modo de llevar todo ello a la práctica, habremos perdido un tiempo precioso. Un tiempo que no tenemos.
Juan Carlos Olarra