No va a ser fácil que el conflicto abierto con los controladores aéreos se resuelva con facilidad. Las posturas están distantes, pero sobre todo pesa la historia de muchos años en los que este privilegiado colectivo de funcionarios públicos ha visto plenamente satisfecha cualquier reivindicación. Así, ha ido acumulando condiciones de trabajo, salario, horarios, licencias retribuidas, e incluso la potestad corporativa de filtrar las incorporaciones a la plantilla… un dilatado catálogo al que cuesta renunciar. De hecho, es la primera vez que les toca afrontar un posible recorte.
Acabe como acabe, hay que reconocer al ministro Blanco ser el primero que se ha decidido a gestionar una situación en cierta medida vergonzante, de agravio para el resto de empleados públicos y el resto de la sociedad. Ninguno de sus predecesores quiso hacerlo, legando el marrón a los que vinieran detrás; a fin de cuentas, a todo el país.
Pero igual que el titular de Fomento y parte de su equipo son nuevos en este terreno, existe una larga lista de responsables de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) que no han querido, sabido o podido hacer otra cosa que ceder a un cúmulo de exigencias que las más de las veces rozaba lo irracional. ¿Alguno debería asumir responsabilidad, siquiera por dejación?
Echando la vista atrás, vale la pena recordar algunos nombres de quienes ostentaron la potestad ministerial en cada etapa. El peculiar convenio que ahora pretende anular el Gobierno por vía de decreto-ley se firmó en tiempos de Arias Salgado (PP) al frente de Fomento. Estuvo en pleno vigor hasta el 2004, en los últimos meses de gestión de Álvarez-Cascos (PP) y se han ido añadiendo gabelas y privilegios desde entonces, bajo la dirección de Magdalena Álvarez (PSOE), que presumía del principio antes muerta que doblá… aunque no parece que lo ejerciera frente al colectivo controlador.
Aunque sobran ingredientes para demonizar a estos profesionales, hay que reconocer también que culpar por pedir reclama hacer lo mismo con quien decide otorgar. Lo que sí cabe reprocharles en solitario es el uso y abuso de las amenazas de paralizar o cuando menos complicar el tráfico aéreo, igual que el recurrente recurso a esas huelgas encubiertas camufladas bajo la excusa del reglamento que tantos perjuicios han causado a la economía y la población.
Resultaría, sin embargo, un tanto injusto que quienes han acumulado cesión y dejaciones sin pausa, propiciando que las cosas hayan llegado al punto en el que están, salieran indemnes, comenzando por los que todavía conservan posiciones directivas y fueron cooperantes activos para llegar a esta situación. Y es que, aunque sea lo más llamativo, el asunto de los controladores no es lo único que probablemente reclama cirugía profunda en AENA: ya que se han puesto, mejor no parar.
Enrique Badía