El presidente del Gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero ha reiterado ante el periodista Iñaki Gabilondo, en entrevista en la «Cuatro» Televisión, que desconocía los detalles del pacto secreto entre el ex presidente Jose María Aznar y el norteamericano George Bush sobre los vuelos de aviones de la CIA con escala en España y destino la base de Guantánamo en Cuba.
Esos aviones trasladaban ilegalmente supuestos terroristas islamistas radicales y talibanes para ser interrogados en la Isla caribeña o para ser entregados a países como Egipto, Arabia Saudita, Jordania o determinados países del Este europeo donde se habían establecido centros de detención e interrogatorio.
Zapatero se ha limitado a confirmar algo que todo el mundo sabía y que fue objeto de investigación judicial sin mayores consecuencias: el borrado masivo de archivos informáticos en el Palacio de la Moncloa días antes de que Aznar saliese del poder y jurase el cargo el nuevo Gobierno socialista.
Zapatero, de esta forma, ha querido quitarse de encima cualquier responsabilidad personal o de su Gobierno en el escándalo de los “vuelos de la vergüenza” aunque ha sido incapaz de aclarar como ha sido posible que los vuelos hayan seguido realizándose hasta el año pasado.
El presidente no ha querido explicar qué tipo de investigación se está realizando sobre el escándalo y, sobre todo, sobre el hecho insólito de que entre las copias de la petición de Estados Unidos que firma el director general para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, el primer cargo político que ha prestado declaración ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, solo existiese una, la que custodiaba la Comisión Hispano-Norteamericana, organismo encargado de velar por el cumplimiento de los Convenios militares entre Madrid y Washington.
Si la copia que debía existir en el Palacio de la Moncloa y que conocía, entre otros, el director del Departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete del presidente del Gobierno Ramón Gil Casares, se borró en los archivos informáticos, no se explica que tanto la copia que existía en Exteriores y que conocían el ministro Josep Piqué y el secretario de Estado Miguel Nadal y la copia que debía haber en el Ministerio de Defensa y que también conocían el ministro Federico Trillo y el secretario general de política de Defensa Javier Martínez Ugarte, tampoco obren en los archivos oficiales.
Todo hace pensar, si creemos la versión oficial, que había un plan premeditado para que no hubiese ninguna prueba del intercambio de documentos con la petición expresa de Estados Unidos para dar inicio a esos planes de vuelo.
Quizás, Zapatero en el traspaso de poderes no fue informado de ese acuerdo secreto, del que han desaparecido documentos, pero nada explica que no tuviese información de que los vuelos siguiesen durante su mandato y que las autoridades militares o los responsables del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) careciesen de información de lo que estaba ocurriendo.
Es probable que, tras la decisión de Zapatero de retirar las tropas españolas de Irak, horas después de su toma de posesión, las autoridades norteamericanas decidiesen restringir esa información sensible al Gobierno español, pero es obligación del Gobierno abrir una amplia investigación en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Defensa, Comisión Mixta Hispano-Norteamericana y Centro Nacional de Inteligencia para informar a la opinión pública de todos los extremos del escándalo.
La solución, por supuesto, no es la que ha adoptado el Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos de revisar la Ley de Secretos Oficiales de l968 sino el simple cumplimiento de la promesa electoral del PSOE de elaborar una ley que garantice la «transparencia informativa» al tiempo que se garantiza el acceso a la información pública.
Y ese primer paso se debió haber dado cuando, los primeros datos del escándalo se debaten en el Parlamento Europeo y ante él comparece el ministro de Asuntos Exteriores que no aclara ningún extremo y que se limita a dar una expoliación que coincide punto por punto con la que da recientemente en el Parlamento, a petición del Partido Popular y casi es ovacionado por su portavoz Gustavo Arístegui y sus compañeros.
José Oneto