sábado, julio 20, 2024
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Los obispos responden al plan para indemnizar a las víctimas de abusos: «La Iglesia no puede aceptarlo»

El Episcopado considera que el plan antiabusos del Gobierno hace un "juicio condenatorio de toda la Iglesia y discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales".

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Ángela Merino
Ángela Merino
Periodista y comunicadora. | [email protected]

Los obispos han respondido al plan que el Gobierno de España presentó ayer para indeminizar a las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia. La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha respondido al ejecutivo afirmando que no pueden aceptar este plan porque, según su versión, «discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales».

El actual gobierno, tras una recomendación del Defensor del Pueblo, aprobó ayer martes un plan para crear un fondo estatal que compense a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Y también pretenden comenzar un proceso de reconocimiento y reparación para las víctimas.

La Conferencia Española de Religiosos ha publicado un comunicado en el que afirman que «estudiarán detalladamente» el plan del Gobierno cuando lo reciban oficialmente. Además, también adelantan que los Institutos Religiosos también llevan tiempo trabajando en algunas de las acciones que propone el plan.

«Los cinco ejes que ha explicado esta mañana el ministro de la Presidencia coinciden con las acciones que los Institutos Religiosos están llevando adelante en favor de las víctimas. Los religiosos españoles vienen reconociendo desde hace tiempo el daño producido en las víctimas y están trabajando de manera integral en sensibilización, prevención y reparación. Los Institutos Religiosos abordan seriamente cada caso de abusos de una manera individual buscando responder a lo que cada víctima necesita», han señalado.

Ahora bien, la Conferencia Episcopal critica el trato que el Estado le ha dado a los menores víctimas de abusos en centros tutelados. Consideran que el texto «parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado».

Por eso, también apuntan que la Iglesia no puede aceptar un plan «que discrmina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales». «Al centrarse solo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones«, añaden.

La Conferencia Episcopal cree que el plan del Gobierno «cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales». Reconoce que están dispuestos a «colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia«, pero piden que se aborde el problema en su conjunto y que no se fijen únicamente en la Iglesia católica.

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