España no tiene una Oficina Antifraude al uso a nivel estatal o nacional. Sí existe la Oficina Antifrau de Cataluña; la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Islas Baleares; la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción; la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra y la Agencia Valenciana Antifraude. Esta última fue noticia la semana pasada porque entregó la Memoria de Actividad correspondiente al año 2023 en el Salón de los Espejos de las Cortes Valencianas. El director de la Agencia, Joan Llinares, a quien Sueldos Públicos entrevistó en enero de 2018, ha hecho entrega de los dos volúmenes de la Memoria, uno en valenciano y otro en castellano, a la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó.
La Agencia inició sus actividades en julio de 2017 y en 2021 ya ponía su trabajo en valor con la recuperación de 23 millones de euros de dinero público y la protección de hasta 27 personas denunciantes. Tres años después, las cifras siguen incrementándose tal y como recoge la Memoria de 2023 con información sobre formación, prevención y documentación; el área jurídica y de protección de la persona denunciante; análisis e investigación; administración, contratación y recursos humanos y comunicación.
El pasado año se aprobó la Ley 2/2023 de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, reconociendo la existencia y funcionamiento de la Agencia Valenciana Antifraude, como canal externo de denuncias en el ámbito de la Comunitat Valenciana y de protección de personas denunciantes, según explica la Agencia en un comunicado consultado por Estrella Digital. En cumplimiento de dicha ley la Agencia ha creado el Registro de Responsables de Sistemas internos de información, y ha aprobado su propio Sistema interno. También se elaboraron las declaraciones institucionales previas a la aprobación del Plan de Igualdad de la Agencia y el Plan de Integridad de la Agencia.
En el plano internacional, la Agencia firmó la declaración institucional de la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores (NEIWA) por la que se constituye formalmente la red. Durante 2023 se han realizado 128 asesoramientos, aunque solo 21 personas han dado el paso de solicitar el estatuto de protección y sólo se concedió en seis casos.
En los más de seis años de funcionamiento de la Agencia, se ha ofrecido asistencia a 600 personas denunciantes, pero han solicitado el estatuto de denunciante tan solo 68 personas y se otorgó en 35 ocasiones. Una de ellas es persona jurídica. En la memoria se explican 11 casos, omitiendo los datos más sensibles, de personas protegidas por la Agencia con el estado de la denuncia, las represalias sufridas y el seguimiento y actuaciones realizadas.
16 grandes cifras de 2023
● En 2023 la Agencia recibió 556 denuncias, un 22,73% más que en 2022.
● El importe total recuperable correspondiente a 2023 asciende a más de 5,1 millones de euros. El coste real ejecutado de la Agencia fue de 3,8 millones euros por lo que se obtiene una ratio de retorno económico estimado de 134,74%. Es decir, por cada euro destinado al funcionamiento de la Agencia se recuperan 1 euro con 35 céntimos, solo derivado de los trabajos de investigación. Desde su nacimiento, hace seis meses y medio, la Agencia ha recuperado más de 34 millones, sin contar activos reputacionales.
● El 16% de las denuncias presentadas inician una investigación.
● El 40% de las denuncias son sobre recursos humanos, sobre todo, procesos selectivos (casos de nepotismo, enchufes…)
● La Agencia ha sido designada perito judicial en ocho procedimientos judiciales
● Nueve de cada 10 denuncias se presentan a través del buzón de denuncias.
● El 56% de las denuncias se concentra en la administración local.
● Se han dictado 65 resoluciones finales de investigación que han finalizado 93 expedientes.
● Se han dictado 21 resoluciones de incumplimiento de las recomendaciones realizadas desde la Agencia a 22 administraciones.
● Se han firmado 81 protocolos de colaboración funcional, nueve convenios de colaboración, dos convenios marco y una prórroga de convenio marco.
● Se han registrado en el registro de responsables del sistema interno de información 304 responsables:150 del sector público y 154 del sector privado.
● 128 personas han recibido asesoramiento jurídico y se han concedido seis nuevos Estatutos de Protección al Denunciante. En total hay 35 personas protegidas y una de ellas es persona jurídica.
● El 68% de las personas protegidas por la Agencia son hombres, el 28% mujeres y un 2% personas jurídicas.
● La Agencia sufrió 13.200 intentos de hackeo.
● Se han realizado 84 acciones formativas en las que han participado 5.263 personas, un 20% más que el año anterior.
● 395 alumnos y alumnas de secundaria y bachillerato han recibido formación de la Agencia.
El sueldo del director
En marzo, el PP y Vox, que son socios de Gobierno en la Generalitat Valenciana, presentaron cinco proposiciones de ley que frenaban la labor legislativa del anterior ejecutivo del Botànic. Una de esas leyes, redactada en solitario por los conservadores, es la de la Agencia Antifraude, donde se modifica el método para elegir al director de la misma, entre otras cuestiones. Así, se pasa de tres tercios a la mayoría absoluta, con lo que no serían necesarios los votos de la oposición. Además, hasta ahora, el máximo responsable tenía rango de director general de la Generalitat, con un sueldo público de 64.080 euros brutos anuales.
Pero el nuevo redactado del texto deja claro que “el director o directora tendrá la condición de autoridad pública y sus retribuciones serán determinadas por acuerdo de la Mesa de Les Corts. En caso de que ostente la condición de funcionario de carrera, sus retribuciones no podrán ser inferiores a las del puesto de trabajo que venía desempeñando en su administración de origen”. Esto dejaría en el aire una retribución diferente que decidiría la mayoría ‘popular’ y de Vox. También se añade que la Agencia tendrá dos puestos de libre designación para el Gabinete, que no es necesario que sean cubiertos por funcionarios. Sería personal eventual en calidad de asesor que cesarían junto con el director.
El caso de Islas Baleares
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Islas Baleares también ha sido noticia en los últimos días, pero no para dar cuenta de sus actividades. Más bien todo lo contrario, ya que su existencia peligra. El actual Ejecutivo de coalición PP y Vox, presidido por Marga Prohens, tiene previsto cerrar este ente. Para su actual director, Cristóbal Milán, “somos incómodos, nuestro cierre es un retroceso absoluto”. Los socios de Gobierno planean una ley que restringe las denuncias y rebaja el nivel de exigencia en materia de transparencia para los altos cargos. Milán lleva en el cargo desde mayo de 2022 y, hasta hace unos meses, había 13 funcionarios en plantilla y un trabajo detrás con más de 500 denuncias en ocho años de existencia del ente.
Las presiones empezaron en julio del año pasado, cuando una exclusiva del Diario de Mallorca sacó a la luz que la Oficina acusaba al director general de Emergencias del Govern de Baleares Sebastià Sureda, encabezaba una trama de corrupción urbanística en la localidad de Campos desde 2015. Resulta que Sureda era concejal en aquella época y socio de una mercantil del padre de la presidenta Prohens.
La sección de Transparencia de la web de la Oficina publica un histórico de gastos de gastos de viajes y desplazamientos desde 2018 a 2023. Sin embargo, solo aparece una tabla de retribuciones de 2019 cuando su presidente era Jaime Far Jiménez, que ingresó 100.862 euros brutos, 71.458 euros netos. También aparece el dato de la retribución de Milán, pero en calidad de jefe de Área de Prevención, con 47.552 euros brutos y 32.896 netos.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos