El asesinato de una cocinera en la prisión Mas Enric de Tarragona a manos de un recluso ha vuelto a poner encima de la mesa la inseguridad del personal que trabaja en las prisiones de nuestro país. Estrella Digital pone el foco en los responsables políticos que se ocupan de esta materia, sus nombres, funciones y lo que cobran.
El Departamento de Justicia, Derechos y Memoria tiene previsto introducir medidas para mejorar la seguridad en los centros penitenciarios a raíz del asesinato de la cocinera de Mas d´Enric. Aparte de incrementar el personal funcionario de vigilancia en los servicios -especialmente en la cocina- y facilitar dispositivos de comunicación y pulsadores de alerta personal, se revisará el nivel de riesgo de los diferentes destinos laborales (talleres o servicios) y se valorará si el perfil de los internos es adecuado. Así lo ha confirmado la consejera, Gemma Ubasart, que ha comparecido de forma voluntaria en el Parlament la semana pasada.
La consejera avanzó que, con la información interna recogida hasta este momento sobre el interno I.S.O, no se podía prever el fatal desenlace del pasado 13 de marzo y ha matizado que el riesgo cero no existe. Ubasart ha afirmado que se asumirán responsabilidades, pero ha añadido que es necesario que la investigación avance. Por otra parte, según recoge el comunicado de Justicia publicado la semana pasada y consultado por este digital, Ubasart ha insistido en la necesidad de diálogo con los representantes de los trabajadores y ha puesto como ejemplo el diálogo que el Departamento tiene de forma normalizada con el comité de empresa del CIRE, con quien ya se ha podido trabajar medidas concretas que se activarán en las próximas 48 horas.
A nivel estatal, el Partido Popular ha aprovechado este suceso para presentar una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados con la finalidad de que se reconozca a los funcionarios de instituciones penitenciarias como “agentes de la autoridad” durante el desempeño de sus deberes, según ha informado The Objective. Esta propuesta, promovida por el portavoz parlamentario Miguel Tellado y la diputada Ana Vázquez, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Interior, busca modificar la Ley Orgánica 1/1979, del 26 de septiembre, General Penitenciaria.
Los conservadores solicitan cambios en el artículo 80 de la ley mencionada, que se refiere a los funcionarios. Como primer paso, se sugiere cambiar “su apartado 2, con el fin de reconocer a estos funcionarios como agentes de la autoridad, para todos los efectos legales”. Además, se introduce un nuevo párrafo que hace referencia a la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal, con el objetivo de “resolver cualquier incidente que resulte en un ataque que amenace la integridad física de los funcionarios penitenciarios, de la misma manera que está regulado actualmente para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Asimismo, se añade una nueva sección, la quinta, al artículo 80 con el “propósito de incluir -de la misma manera que se contempla para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad- medidas específicas de encarcelamiento para los funcionarios penitenciarios que deban cumplir condena en centros penitenciarios ordinarios”. Hace tres años, la iniciativa del PSOE y Podemos iba en sentido contrario: no reconocer a los funcionarios de prisiones como agente de la autoridad, tal y como puedes comprobar en esta noticia de noviembre de 2021.
Altos cargos, eventuales y funcionarios
La consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, asumió el cargo en octubre de 2022 y este año tiene un sueldo público asignado de casi 122.000 euros brutos, exactamente son 121.952 euros. Por su parte, el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Caldero, percibe 97.192 euros. También lleva en el puesto desde octubre de 2022. Además, el director general de Asuntos Penitenciarios, José María Montero, nombrado en julio del año pasado, cobra 93.160 euros. Si hacemos cuentas, los tres responsables políticos de la crisis de prisiones en Cataluña, una consellera, un secretario y un director general, suman 312.000 euros brutos anuales en sueldos públicos.
Además, los nueve eventuales en la Conselleria de Justicia son el asesor en Materia de Relaciones y Apoyo Judicial, que cobra 71.467 euros al año; tres asesores en el Gabinete de la consellera, con 75.638 euros cada uno; una persona en la Oficina de la Secretaría de la consellera, con 62.113 euros; la directora del Gabinete de la consellera, Eloisa Piñero, que gana más que un ministro del Gobierno de España y percibe 86.380 euros; la directora de la Oficina de Relaciones Externas y Protocolo, con 71.467 euros; una eventual en la Oficina de Comunicación, con 75.638 euros; y otro en la Oficina de Relaciones Institucionales que cobra 71.467 euros anuales, según las tablas publicadas en la página web de la Generalitat de Cataluña.
El técnico especialista del Grupo de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña cobra unos 2.000 euros brutos al mes, en los puestos de oficina. Y sobre los 2.300 euros en los puestos de vigilancia, según el portal especializado en oposiciones MasterD. En cambio, otras fuentes consultadas señalan que en la provincia de Barcelona el salario medio de los funcionarios de prisiones oscila entre los 25.000 y los 30.000 euros brutos al año (sueldo base y complementos según el rango del trabajador, experiencia y peligrosidad). En cambio, otro portal, Flou Oposiciones, explica que la retribución de un funcionario de prisiones en Cataluña ronda los 3.183 euros al mes para un empleado del grupo C1 con rango de coordinador y los 2.118 euros para un funcionario en oficina. Por ejemplo, un técnico especialista que trabaja en un centro de régimen abierto ingresa 2.691 euros mensuales. Las horquillas oscilan entre los 29.441 y los 48.676 euros anuales.
Doctora y profesora
Ubasart nació en Castellar del Vallès en 1978, un municipio de unos 25 habitantes del interior de la provincia de Barcelona. Es doctora, Diploma de Estudios Avanzados (DEA) y licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. DEA en Derecho y Máster Europeo en Sistema Penal y Problemas Sociales por la UB, un diploma en Criminología y posgrado CIS en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos. Su biografía oficial señala que es profesora agregada del Área de Ciencia Política en la Universidad de Girona y ha realizado estancias de investigación y docencia en diversas universidades europeas y americanas. Ha desarrollado investigaciones sobre regímenes de bienestar y políticas sociales; conflictos, sistema penal y derechos humanos; gobierno y política locales; política española y catalana.
El Departamento de Justicia, Derecho y Memoria de la Generalitat de Cataluña se compone de una Secretaría General de Justicia, Derechos y Memoria y dentro de esta, una Dirección General de Memoria Democrática. Al mismo nivel del organigrama que la Secretaría se encuentra el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). Este Centro cuenta con hasta ocho direcciones: Económica y Financiera; Comercial con el Sector Público y el Sector Privado; Formación y Reinserción; Dirección Adjunta; de Servicios Exteriores; de Asesoramiento Jurídico, Técnico y Administrativo; Dirección de Ocupación; Dirección de Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad Alimentaria y Calidad.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos