Entre los firmantes de la solicitud se encuentran el centro de defensa de derechos humanos Irídia, la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, el Observatorio del sistema penal y los derechos humanos de la Universidad de Barcelona y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, entre otros.
Otras organizaciones firmantes de la petición son Organismo Popular Anti-represivo Ceivar, Colegio de Abogacía de Ourense, Comisión Legal Sol, CNT-AIT de Tarragona, Familias de Presos de Cataluña, Federación Andaluza Enlace, IACTA Cooperativa de Abogados, y la Asociación Salhaketa de Navarra y Álava, entre otras.
Las entidades firmantes de la petición han entregado su solicitud a las portavocías de los grupos que forman parte de la Comisión de Interior del Congreso.
En un comunicado, las 27 asociaciones han remarcado que el estatus civil de los funcionarios de prisiones es un «consenso» de la ley general penitenciaria aprobada en 1979, y que esa norma «supuso un salto democrático» porque creó un cuerpo civil para gestionar las prisiones, en contraposición a lo que sucedía durante el Franquismo.
Por ello, critican el cambio de la figura de funcionarios de prisiones a agentes de la autoridad que incorpora la reforma que preparan PSOE y Unidas Podemos de la Ley de Seguridad Ciudadana.
«La enmienda de PSOE y Unidas Podemos abre las puertas a la politización de los funcionarios de prisiones», han criticado las organizaciones firmantes, y «supone el abandono del paradigma rehabilitador que teóricamente debe guiar el funcionamiento del sistema penitenciario».
Según esas entidades, si los funcionarios de prisiones pasan a ser agentes de autoridad, las personas privadas de libertad podrán ser sancionadas por hechos leves tanto por la vía administrativa como por la vía penal: «Puede generar un aumento de delitos por atentado, resistencia o desobediencia a agentes de la autoridad».
Asimismo, han destacado que la medida supondrá un «incremento de dificultades» para denunciar situaciones de maltrato en contexto de privación de libertad.
«La presunción de veracidad de los funcionarios de las cárceles actuará como un elemento disuasorio a la hora de presentar denuncias e iniciar procedimientos ante una eventual contradenuncia por parte de los funcionarios», remarca el comunicado. EFE
A.M.