España se prepara para implementar por primera vez una ley que regulará las actividades profesionales de los influencers. Esta iniciativa busca equiparar a los creadores de contenido en plataformas online con otros medios de comunicación tradicionales, como la televisión o la radio.
La ley, conocida como la ‘ley de influencers‘, solo afectará a los grandes creadores de contenido, aquellos con más de 2 millones de seguidores en cualquier plataforma o con una facturación anual superior a 500.000 euros.
Restricciones en la publicidad
Los influencers que cumplan con estos requisitos deberán seguir estrictas normas relacionadas con el tipo de publicidad que pueden mostrar en sus contenidos. La ley prohíbe la publicidad subliminal o encubierta, así como cualquier contenido comercial que promueva el tabaco, los cigarrillos electrónicos o los productos a base de hierbas. Además, se prohíbe la promoción de medicamentos, alcohol o productos sanitarios que no cumplan con las normas reguladoras de publicidad.
Los mensajes comerciales relacionados con apuestas o juegos de azar solo podrán mostrarse entre la 01:00 y las 05:00 horas, siguiendo las mismas restricciones que en la televisión.
Objetivo de la ley
La ‘ley de influencers’, enmarcada dentro de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, tiene como objetivo proteger a los espectadores, especialmente a los menores, de contenidos nocivos como las apuestas y la publicidad implícita o subliminal.
La normativa también busca prevenir los discursos intolerantes o de odio en las transmisiones, garantizando que la comunicación audiovisual sea respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales.
Inscripción en el registro nacional
Una vez que la ley entre en vigor, los creadores de contenido tendrán dos meses para inscribirse en el registro nacional. A partir de entonces, estarán prohibidas las promociones de alcohol, tabaco o alimentos poco saludables.
Fuertes multas por incumplimiento
Infringir la ley conllevará fuertes multas que oscilarán entre 10.000 y 50.000 euros para las infracciones leves, y entre 30.000 y 60.000 euros para las graves.