Nuevo choque de trenes – y plausiblemente orquestado – entre las dos fuerzas principales en Andalucía, esta vez a raíz de la ley de simplificación administrativa que sigue como decreto ley y la oposición quiere que se tramite como proyecto de ley para presentar enmiendas en el Pleno del Parlamento. PSOE Andalucía considera que, a través de una recalificación del suelo, se quiere colar puntos de la Ley de Regadíos de Doñana, la gran polémica que supuestamente estaba zanjada con el Acuerdo por Doñana entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, planteando denuncia ante el Tribunal Constitucional, mientras que el PP Andalucía alega que se trata de una adaptación a la legislación estatal.
En la mañana del lunes 19 de febrero el secretario general del PSOE Andalucía Juan Espadas ha sacado sus armas de guerra como líder de la oposición a los populares. En concreto, afirma que dentro de los más de 600 folios de la ley de simplificación administrativa recogidos en el BOJA del pasado viernes 16 de febrero se observa una recalificación de suelos forestales como suelos agrícolas, relacionándolo con la Ley de Regadíos que sigue archivada mientras el Acuerdo por Doñana siga adelante. Espadas exige, por tanto, que se retire el decreto ley de simplificación administrativa, que el PP llevará a convalidación en el Pleno del próximo miércoles 21.
La Ley de Regadíos, impulsada por PP Andalucía junto con Vox – fruto de una ley en la que también estuvieron implicados Ciudadanos años atrás, suponía una recalificación del terreno que hizo temblar tanto a los grupos parlamentarios como a asociaciones ecologistas y toda la comunidad científica, llegando a haber respuesta negativa y desaprobación incluso de la UNESCO, amenazando con retirarle a Doñana el distintivo de Patrimonio de la Humanidad. Una ley que, según entendían estos grupos, hacía peligrar las reservas de agua en los acuíferos en un contexto en el que la sequía está haciendo cada vez más estragos.
Esta Ley de Regadíos quedó a priori aparcada con el Acuerdo por Doñana que firmaron Juanma Moreno y la vicepresidenta tercera y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera. Una medida pensada no sólo para la preservación y recuperación del Medio Ambiente y del Parque Nacional, sino también para mejorar las condiciones de agricultores y ganaderos de la zona que implica tanto gran parte de la provincia de Huelva como algunos territorios en Sevilla y Cádiz.
La situación con la sequía en Andalucía se prevé muy ardua para este 2024 (que sería el sexto año consecutivo con lluvias mucho menores de las necesarias para el abastecimiento de los embalses), hasta el punto en el que Moreno y Ribera se reunirán este jueves 22 para contemplar la solicitud del Fondo de Solidaridad que pidió Moreno a la Comisión Europea el pasado mes de enero en su viaje a Bruselas.
Juntos se sentarán para tratar de buscar soluciones, si bien existen otras vías de contar con fondos europeos que se destinen de manera exclusiva a combatir la sequía, sumándose a todo lo que se está destinando a la construcción de desaladoras que deberían empezar a funcionar a 24-30 meses vista.
Espadas: «O esto se cambia o nos veremos en el Tribunal Constitucional»
«Sr. Moreno, exigimos una explicación inmediata y la retirada del decreto ley de simplificación administrativa que lleva a convalidación en este Pleno del Parlamento andaluz. A escondidas, sin participación, sin debate y desdiciéndose de lo que acordó con el Gobierno de España, vuelve a querer colarnos su propuesta de cambiar suelos forestales por agrícolas en toda Andalucía y, especialmente, en el entorno de Doñana. O esto se cambia o ya le anuncio que nos veremos en el TC«, se puede leer en la cuenta de Espadas en X/Twitter.
Tal como narra la Cadena SER, el cambio en concreto está en el artículo 244 del decreto ley, la de Modificación del Decreto 208/1997 del Reglamento Forestal de Andalucía. El artículo al completo se puede consultar en la tercera parte del BOJA del 16 de febrero, disponible aquí, añadiendo esta consideración a aquellos terrenos que no tengan consideración legal de terreno forestal:
«Aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en ésta. Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de la normativa forestal mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas.»
«Asimismo, se excluye el carácter forestal de aquellas superficies que, reuniendo las características descritas en el primer párrafo de este apartado, hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor. A los efectos previstos en este apartado, se consideran especies forestales de turno corto aquellas cuyo turno sea inferior a veinte años», aparece recogido en la página 40799/410 del BOJA número 34.
Además de las declaraciones de Espadas, el portavoz adjunto Josele Aguilar también denunciaba la posibilidad de concierto con entidades privadas con ánimo de lucro. Desde la sede del PSOE de Málaga, Aguilar ha advertido que había medidas en el decreto ley referentes a la privada que nada tienen que ver con la simplificación administrativa, como la posibilidad de quelas clínicas privadas puedan formar a los MIR.
«Este decreto es un campo abierto para los procesos especuladores y privatizadores. Son numerosas las normas en las que se está permitiendo procesos de privatización encubiertos, lo vemos por ejemplo cuando en los servicios sociales se introduce la posibilidad de concierto con entidades privadas con ánimo de lucro, algo que hasta ahora no era posible en nuestra legislación. Esto no tiene nada que ver con la simplificación. Como tampoco tiene que ver que ahora las clínicas privadas puedan formar ahora a los MIR o que se haya eliminado, para los conciertos con la privada, la exigencia de la homologación y se sustituya por una autorización«, declaró Aguilar.
Por supuesto, el momento en el que surge esto, cuanto menos da que pensar: horas después del 18F en el que el Partido Socialista de Galicia ha obtenido sus peores resultados históricos, apenas 9 escaños con José Ramón Gómez Besteiro frente a la mayoría absoluta del Partido Popular, quien logra su quinta mayoría absoluta en la Xunta esta vez con Alfonso Rueda, sucesor directo de Alberto Núñez Feijóo. Se trata de otra fuerte derrota del PSOE, no sólo contra el PP sino con una fuga notable de votos que ha recogido el Bloque Nacionalista Gallego liderado por Ana Pontón. Una situación a la que no es ajena el PSOE Andalucía, sobre todo si se recuerdan las autonómicas de 2022.
De hecho, BNG contaba con el respaldo de varias de las formaciones incluidas en Sumar. En cambio, la formación de Yolanda Díaz, en su propia patria, no ha logrado un solo escaño. Aunque previsible, es un golpe para la izquierda a nivel nacional, sobre todo para Sumar teniendo en cuenta que llevaron como cabeza de lista a su portavoz en el Congreso Marta Lois, una apuesta personal de la propia Díaz. Es por ello que, aunque sus resultados son tan infructuosos como los de Vox o Podemos (estos superados por PACMA), su apuesta era proporcionalmente más ambiciosa.
La respuesta de Sanz a PSOE Andalucía: adaptación a la legislación estatal
La respuesta del PP Andalucía no se ha hecho esperar y ha venido del principal impulsor del decreto ley de simplificación administrativa: el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Antonio Sanz. Este ha realizado unas declaraciones en Málaga, adonde ha acudido con motivo de la inauguración del Clúster de Ciberseguridad en Andalucía, que contará con la participación de un cúmulo de 60 entidades tanto del sector público como del privado.
«El Acuerdo de Doñana se cumplirá de principio a fin, a pesar de que el PSOE quiera poner zancadillas al diálogo con el Gobierno de España, quiera bombardear las conversaciones y el trabajo que vamos a hacer para luchar contra la sequía. ¿Cómo le molesta al señor Espadas que trabajemos juntos contra la sequía cuando debería ser aplaudido?«, declaró Sanz.
«Es una adaptación de la legislación forestal andaluza a la estatal. La voluntad de la Junta de adaptar nuestra legislación forestal a la estatal la conocía previamente el Ministerio desde hace mucho tiempo. Es un texto que hemos tratado en reuniones, es una medida que no tiene nada que ver con el agua ni con los regadíos. No es una medida para Doñana, es una adaptación que afecta a diversas superficies de Andalucía«, añadió el consejero de la Junta.