lunes, enero 30, 2023
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Claves de la Ley de Memoria Democrática, que entra en vigor este viernes

Impulsar la búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, o la nulidad de las condenas dictadas por tribunales franquistas, entre algunos de los puntos destacados de esta nueva ley

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El Boletín Oficial del Estado publicaba esta mañana la Ley de Memoria Democrática, que entra en vigor a partir de mañana viernes. El proyecto de ley quedaba aprobado por el Senado a principios de este mes, y el objetivo principal pasa por reforzar el compromiso del Estado con la búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Además, esta ley deja abierta la opción de estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983.

Tras aprobarse la ley, el Ministerio de Presidencia decía a través de un comunicado que “hoy nuestra democracia es mejor porque reconoce los mejor de nuestra historia (la Transición, la ley de amnistía y nuestra Constitución) y homenajea a las millones de víctimas que soñaron una España democrática y europea”. Además califica esta ley como “humanitaria” y fundamentada en los principios de derecho internacional humanitario de verdad, justicia, reparación y no repetición.

La ley salió adelante en el Senado con 128 votos a favor, con el voto en contra del PP, Vox y Ciudadanos. Entre los principales reproches se habla de “romper el pacto de la Transición”, imponer una visión “sectaria” de la historia reciente de España, o de dejar que “los asesinos de ETA sigan ajustando cuentas”. Esto último son palabras de Elías Bendodo, coordinador general del PP, en referencia a los pactos del Gobierno con Bildu para sacar adelante la ley, quienes han logrado ampliar el periodo de tiempo investigado hasta los primeros años de mandato de Felipe González.

Ley de Memoria Democrática: Los puntos más importantes

La búsqueda de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, cifrados en torno a 114.000 personas. Será la Administración General del Estado quien realice esta tarea, y se creará un mapa de localización de desaparecidos, así como un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de los cuerpos. De hecho, se creará un Fiscal de Sala para impulsar la búsqueda de víctimas durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista con el objetivo de poder identificar los restos.

Tanto el régimen franquista como sus tribunales serán condenados, y se declarará la nulidad de todas sus condenas.

Frente a la Ley de Amnistía de 1977, prevalece el Derecho Internacional Humanitario, según el cual “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. No obstante, esta nueva ley no deroga la Ley de Amnistía.

Uno de los aspectos más criticados: el pacto del Gobierno con EH Bildu y Más País, por el cual también se estudiarán las posibles vulneraciones de Derechos Humanos de 1978 a 1983.

Se considera víctima a quienes hayan sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Cambio de nombre del Valle de los Caídos, que pasa a llamarse “Valle de Cuelgamuros”. Además, en él sólo podrán yacer los restos mortales de fallecidos a consecuencia de la guerra, y también se van a reubicar los restos que ocupen un lugar preeminente en el lugar, como es el caso de José Antonio Primo de Rivera, cuya familia ya ha pedido la exhumación.

Se garantiza el acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados. Además, se actualizarán los contenidos educativos para reflejar la “represión que se produjo durante la guerra y la dictadura”.

Desaparecen todos los títulos nobiliarios que fueron concedidos durante la guerra y la dictadura, entre los que se encuentran el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.

El mayor presupuesto para memoria

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, aseguraba ayer que el Gobierno ha multiplicado por cinco el presupuesto para la exhumación de víctimas de las fosas comunes: se llega ahora a los 6,3 millones de euros. Además, considera que los casi 14 millones de euros previstos suponen la mayor cuantía de la historia dedicada a preservar la memoria de las víctimas “de todas las partes”, asegura, de la Guerra Civil y la dictadura.

Consulte aquí la dispición del BOE en relación a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

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