De esta forma, el Supremo ha ordenado que se devuelvan las actuaciones al final de la instrucción, para que la Fiscalía del Supremo emita su informe de acusación y un instructor del alto tribunal acuerde ya, si procede, la apertura del juicio oral.
El tribunal ha tomado esta decisión al entender que «se ha producido un error en la tramitación de la causa antes del traslado a esta sala» que «puede dar lugar a una nulidad de pleno derecho», por ello ha acordado la nulidad «con la finalidad de extremar las garantías y de asegurar los derechos de la defensa y de la acusada».
La Sala atiende así la petición de la defensa, apoyada por el fiscal durante las cuestiones previas, de declarar la nulidad del juicio porque el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid abrió juicio oral contra Reguant cuando no era competente para ello.
En concreto, ha explicado que las actuaciones deberían haberse remitido al Supremo justo cuando Reguant comunicó su aforamiento al obtener un escaño en el Parlament y no siete meses después, por lo que su defensa ha sostenido que tanto el escrito de acusación como el auto de apertura de juicio oral «son nulos de pleno derecho».
De hecho, el fiscal Carmelo Quintana ha apoyado esta petición al manifestar que se ha producido una «elevación tardía» del procedimiento al Supremo y como consecuencia «se han superado unos límites irrebasables que no pueden subsanarse» porque «el auto de apertura del juez solo podía ser dictado por el magistrado instructor que hubiese sido designado por la Sala II (del Supremo).
Eulàlia Reguant está acusada de supuesto delito de desobediencia grave por su negativa a responder a la acusación popular ejercida por Vox cuando testificó en el juicio del «procés».
Los hechos se remontan al 27 de enero de 2019, cuando Reguant y Baños fueron citados a declarar como testigos en el juicio del «procés» en el Supremo, y se negaron a responder las preguntas de los representantes de Vox, constituida esta última formación como acusación popular.
Como consecuencia de este hecho, el Supremo inició un proceso sancionador contra ambos testigos y remitió al Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid la causa siendo el órgano competente para ello al no ser Reguant en ese momento aforada y haber ocurrido los hechos en Madrid.
Sin embargo, como han expuesto las partes, ni el Juzgado ni la Fiscalía de Madrid eran competentes para instruir la causa a partir de marzo de 2021, cuando ella comunicó su aforamiento.
Pese a ello, la Fiscalía de Madrid formuló escrito de acusación y el Juzgado acordó la apertura del juicio oral.
A su salida del tribunal, Reguant ha evitado comentar lo ocurrido en la Sala y ha puesto el foco en que «la lucha contra la extrema derecha y contra el fascismo es urgente y necesario».
Por eso, ha añadido, «es importante organizarnos no solo en procesos judiciales e instituciones, sino en las calles construyendo comunidad y construyendo pueblos libres de fascismo». EFE
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