Según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sala de lo Contencioso-Administrativo concede nueve días a ambos «para que puedan personarse como demandados» en este procedimiento, iniciado a instancias de Vox, partido que junto con el PP vetó en el Congreso sin éxito las candidaturas propuestas por el Gobierno.
El pasado 11 de junio ambas formaciones rechazaron el nombramiento de Fernández por los potenciales conflictos de interés que plantearía su larga trayectoria como abogada de competencia, que le ha llevado a enfrentarse a la propia CNMC, y como asesora del Gobierno.
Un argumento del que ella misma se defendió ante la Comisión de Asuntos Económicos, en la que alegó que su labor como asesora se ha basado en la «independencia de criterio» y que el haberse puesto al servicio de instituciones públicas -además del Gobierno, comunidades autónomas o la Comisión Europea- no supone «un demérito».
Respecto a los posibles conflictos de interés, Fernández subrayó que la ley prevé todos los supuestos para garantizar que no sea así y que se inhibirá cuando sea necesario, al tiempo que adelantó que cuando se hiciera efectivo su nombramiento renunciaría a su excedencia en Cuatrecasas.
Por su parte, las críticas en torno a Aguilar se centran en su concurrencia a las elecciones generales en una lista de En Comú Podem en 2019, hecho que éste defendió como participación en el servicio público ya que nunca ha cobrado de ningún partido.
Pese a los vetos de Vox y PP, el Congreso dio luz verde a los nombramientos de la nueva cúpula del organismo, los cuales fueron aprobados apenas días después por el Consejo de Ministros.
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